La política se está tiñendo de sangre.

Los crímenes violentos se suceden sin que las fuerzas del orden parezcan estar en condiciones de cumplir con su deber de preservar la vida de las personas y, en la mayoría de los casos, sin capturar a los autores materiales o intelectuales de los horrendos hechos. En efecto, en los últimos días fueron muertos a balazos o recibieron amenazas de muerte varios candidatos a intendentes y concejales. No se recuerda que unos comicios municipales hayan estado precedidos de episodios tan sangrientos ni mucho menos que hayan actuado sicarios, mientras el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no dan señales de responder adecuadamente al desafío que plantea la criminalidad en auge. La población no debe habituarse a la violencia, sino exigir que los responsables de mantener el orden público cumplan con su deber.

Los crímenes violentos se suceden sin que las fuerzas del orden parezcan estar en condiciones de cumplir con su deber de preservar la vida de las personas y, en la mayoría de los casos, sin capturar a los autores materiales o intelectuales de los horrendos hechos. En efecto, en los últimos diez días fueron muertos a balazos los candidatos a concejal Carlos Aguilera (Itakyry, ANR), Néstor Echeverría (Pedro Juan Caballero, Unámonos) y Bartolomé Morel (Nueva Germania, PDC), mientras que dirigentes del PLRA denunciaron las agresiones y las amenazas que sufrirían los candidatos a intendente Del Pilar Vázquez

(José Leandro Oviedo), Fabio Díaz (Juan de Mena) y José

Ríos (Caaguazú). Aquí es bueno recordar también que, en el mes de junio pasado, la intendenta de Nueva Colombia,

Lida Rosa Escobar (PLRA), denunció que desconocidos ingresaron a su vivienda con el propósito de asesinarla, pero que fueron repelidos a tiros por su padre. La misma denunció que, anteriormente, ya había recibido amenazas para que desistiera de su candidatura a la reelección.

No se recuerda que unos comicios municipales hayan estado precedidos de episodios tan sangrientos ni mucho menos que hayan actuado sicarios, como habría ocurrido al menos en los casos de Pedro Juan Caballero y de Nueva Germania. El jefe de la comisaría de esta última localidad,

Édgar Quintana, dijo que allí “nunca pasó esto”, es decir, que dos asesinos a sueldo hayan disparado unas 40 veces para ultimar a dos clientes de un bar: el referido candidato a edil y el funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería Felipe Godoy. Según el comisario, que no se arriesgó a atribuir los trágicos decesos a la narcopolítica, la mayoría de los testigos presenciales quedaron “totalmente traumados”, lo que resulta bastante comprensible. Estos hechos harán que la “sensación de inseguridad” siga en aumento, mientras el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no dan señales de responder adecuadamente al desafío que plantea el sicariato en auge.

La población no debe habituarse a la violencia, sino exigir que los responsables de mantener el orden público cumplan con su deber. Es probable que en el Amambay, hechos como los mencionados ya no causen el mismo estupor que en otras partes del país, pero todo indica que los crímenes por encargo se están expandiendo y con ello la posibilidad de que la gente termine habituándose a los homicidios dolosos, cometidos por profesionales contratados. Sería muy deplorable que ello ocurriera, porque la convivencia con el crimen termina envileciendo a la gente de bien, en la medida que genera indiferencia ante el dolor ajeno. En particular, nunca habría que acostumbrarse a que la violencia enlute una campaña electoral. Las víctimas mortales de los atentados eran políticos que aspiraban a representar a sus conciudadanos; uno de los varios homicidas

habría sido el candidato a intendente de Itakyry

Luis Carlos Acosta Fonseca (Alianza Itakyry Primero), hoy prófugo, al igual que su padre Bernardo Joaquín Acosta, aspirante a una concejalía por la misma agrupación. Se comenta que el hecho punible derivó de un altercado debido a que el occiso habría empleado en su campaña electoral insumos proveídos por el Viceministerio de Agricultura, dirigido por su hermana Bettina Aguilera.

En los otros casos no se tiene la certeza de la motivación del crimen: solo hay conjeturas. Lo indudable es que en Pedro Juan Caballero y en Nueva Germania intervinieron sicarios, como los que suele emplear el crimen organizado.

En circunstancias similares, para detectar a los autores intelectuales, se estila preguntarse quién o quiénes son los beneficiados, algo que ya habrán hecho los investigadores policiales, que también tendrán en cuenta, seguramente, que el acribillado Néstor Echeverría había sobrevivido a un ataque, aún impune, perpetrado en 2020. El mismo día de su muerte, había formulado una denuncia penal contra el intendente José Carlos Acevedo (PLRA), por atentado contra el orden constitucional, daños al patrimonio público y tentativa de homicidio, entre otros hechos punibles. Por alguna razón, decía temer por su vida, lo que revela el clima de violencia que viene envolviendo el proselitismo en algunos lugares en especial.

En cuanto a la denuncia de que candidatos a intendente liberales estarían siendo víctimas de amenazas o de atentados, el Ministerio Público ya debería intervenir de oficio para prevenir la consumación de hechos punibles más graves. Debe quedar claro que los organismos del Estado no tolerarán que las campañas electorales, hasta hace poco relativamente pacíficas, se tornen sangrientas. Es preciso cortar de raíz el uso de la fuerza, para impedir que la política se convierta en campos de batalla en los que reine la brutal intolerancia. Que los crímenes de los sicarios y sus mandantes no sigan acentuando la “sensación de inseguridad” –que ya ha alcanzado a la misma capital Asunción– para impedir que se instale una cultura de la violencia, es decir, un estilo de vida que normaliza lo que la ley y la moral condenan en una sociedad civilizada.

A todo esto, sería bueno enterarse en qué están pensando el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y el comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias, para poner fin a una cadena de crímenes que angustia a la población como nunca antes. El primero dijo que no tiene una “visión fatalista de los hechos” registrados en las últimas semanas, lo que parece una demostración de optimismo insultante. Es evidente que ambos ya no van a ser la solución que necesita la angustiada población, por lo que deberían dar un paso al costado o ser apartados de sus cargos por el Presidente de la República.