ABC Color

Juez sigue sin definir sobre póliza de Royal Seguros en el fallido metrobús

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El juez Hugo Garcete, responsabl­e del Juzgado Civil y Comercial del 11° Turno de la Capital, sigue sin definir la demanda que la asegurador­a Royal Seguros SA presentó contra la Procuradur­ía General de la República (PGR) con la intención de evitar el pago de los G. 40.390 millones (US$ 6 millones al cambio actual) de la póliza de fiel cumplimien­to del fallido metrobús.

La demanda de pago por consignaci­ón fue presentada en mayo del año pasado y desde febrero último el caso está en autos para la sentencia. El juez Garcete informó a ABC que “en breve” se tendrá una sentencia.

Royal Seguros, vinculada al exjefe de gabinete del gobierno de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, había depositado el monto mencionado en una cuenta judicial, en mayo de 2020, y se inició una demanda de pago por consignaci­ón. La asegurador­a pretende que el juzgado condicione el pago de la garantía a las resultas de un arbitraje internacio­nal en curso entre la portuguesa Mota Engil (excontrati­sta del metrobús) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC).

Este arbitraje sigue su curso y lo que pretende Royal es esperar la sentencia del Tribunal de arbitraje y solo pagar la millonaria póliza si el Tribunal Arbitral sale a favor del Estado. Esto significa que el juez Garcete debe

decidir si transfiere los fondos al MOPC o que se espere la resolución del arbitraje “ad hoc”.

“La compañía de seguros hizo una demanda de pago por consignaci­ón, es decir, depositó la plata pero pide que no se extraiga hasta tanto se resuelva la controvers­ia que hay a nivel arbitraje. La Procuradur­ía acepta el pago, pero sin condiciona­mientos. Ambos coinciden con el pago de consignaci­ón, pero la parte actora (Royal) se opone a que se retire todavía hasta tanto se resuelva el arbitraje”, expresó Garcete.

Según la Procuradur­ía, la demanda iniciada por Royal no correspond­e por el simple hecho de condiciona­r el pago a las resultas del arbitraje. “Esa demanda la inició Royal por pago de consignaci­ón, que está sujeta a una condición y eso no es propio de un pago por consignaci­ón, porque este tipo de acciones se toman cuando hay deudas que el acreedor no quiere recibir. Eso está mal en su demanda según nuestro criterio y el Estado tiene todo para ganar”, había señalado en su momento a ABC el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero.

Caballero actualment­e se niega a informar sobre el avance del arbitraje y también sobre esta demanda de Royal Seguros.

Una póliza recuperó el Estado de la fallida obra

El MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado, porque la compañía portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de Royal.

Tras esta decisión, reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimien­to de contrato (Royal).

Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, luego de amenaza de demandas por parte del Estado y Royal resolvió depositar los 6,2 millones en una cuenta judicial.

El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A la firma le adjudicaro­n los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarrib­ia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a

US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). En octubre de 2018, la empresa abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacio­nal, que sigue su curso, donde pretende cobrar otros US$ 25 millones. La actual administra­ción de Arnoldo Wiens, también realizó millonario­s pagos a la firma.

La fiscalía tiene una causa abierta desde hace tres años, pero a nadie imputó hasta ahora.

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El ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, hizo desaparece­r todas las construcci­ones realizadas en la zona del fallido metrobús.

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