Asunción merece que la Intendencia esté en mejores manos.
La municipalidad publicó, forzada por un fallo judicial, una serie de documentos cuyas copias había denegado a la candidata a intendente Johanna Ortega (Alianza Asunción para Todos), violando la ley de libre acceso ciudadano a la información pública. La peticionante promovió un juicio de amparo sobre el uso de los 21.000 millones de guaraníes presupuestados en 2020 para la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Se ha evidenciado así que la renuencia del intendente en funciones César Ojeda (ANR) obedecía, como era presumible, a que tenía mucho que ocultar de la gestión de su antecesor y correligionario Óscar “Nenecho” Rodríguez, hoy de nuevo candidato al cargo. Es que los contratos adjudicados revelan que la administración actuó discrecionalmente, al margen de la ley, en notorio perjuicio del patrimonio municipal y de la atención sanitaria de los pobladores.
La municipalidad capitalina se obligó a publicar una serie de documentos cuyas copias había denegado a la candidata a intendente Johanna Ortega (Alianza Asunción para Todos), violando la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Lo hizo forzada por un fallo del Tribunal en lo Laboral, que confirmó uno de primera instancia favorable a la peticionante, en un juicio de amparo que promovió con respecto al uso de los 21.000 millones de guaraníes presupuestados en 2020 para la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. Se ha evidenciado así que la renuencia del intendente en funciones César Ojeda (ANR) obedecía, como era presumible, a que tenía mucho que ocultar de la gestión de su antecesor y correligionario Óscar “Nenecho” Rodríguez, hoy de nuevo candidato al cargo . Es que los contratos adjudicados sin una licitación pública o por concurso de ofertas, debido a la pandemia desatada, revelan que la administración actuó discrecionalmente, al margen de la ley, en notorio perjuicio del patrimonio municipal y de la atención sanitaria de los pobladores.
La contratación directa debía ceñirse al procedimiento previsto en la Ley Nº 2051/03, que incluye la invitación por escrito y a través del sistema de información de las contrataciones públicas a por lo menos tres potenciales oferentes, salvo que ello sea imposible por el tipo de bienes o servicios o por los fines perseguidos. Puede suponerse, muy generosamente, que las invitaciones fueron cursadas, pero
no así que las ofertas hayan sido aceptadas en todos los casos por provenir de personas físicas o jurídicas que tenían “la solvencia técnica, económica y legal suficiente” para responder a sus compromisos y por realizar una actividad comercial o industrial “vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar”, tal como manda el art. 34 de la ley antes citada. En efecto, San Benito Industrial y Comercial SA, dedicada a la provisión de útiles y muebles, vendió a la municipalidad kits de alimentos; lo mismo hizo
Comercial Ramírez & Compañía SA, que se ocupa del mantenimiento de maquinaria, en tanto que DFR SA, que brinda servicios técnicos, suministró productos de limpieza.
El art. 40 impide que presenten ofertas y contraten con las municipalidades las personas físicas o jurídicas inhabilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero Grimex SA se ganó un contrato, pese a estar inhabilitada por haber dado información falsa; la firma Don Manuel, también proveedora de kits de alimentos, sufrió dicha sanción a los dos meses de haber sido adjudicada, lo que revela que tampoco era muy confiable. Cierta familia Cano parece gozar del aprecio de Nenecho, pues celebró seis contratos por una suma global de 2.086.522.150 guaraníes, a través de La Comercial Asuncena
SRL, Bastian Comercial –que vendió a la municipalidad detergente a precio de oro, 390.000 guaraníes el litro– y Distribuidora Diest Medicinal SRL. La primera empresa fue amonestada en 2015 e inhabilitada el año pasado, mientras que la última fue amonestada en 2019.
Estos datos bastan para tener una idea de las “desprolijidades” –por no decir “sinvergüencía”– de la administración municipal, siendo de temer que en los próximos días surjan otras que expliquen aún más por qué César Ojeda se había negado a entregar la información pública solicitada. Como la Ley Orgánica Municipal (LOM) ordena que el intendente requiera el dictamen del director jurídico antes de suscribir cualquier contrato, sería bueno conocer el emitido por el Abog. Benito Torres en cada uno de los casos mencionados: la LOM no lo califica expresamente de información pública reservada.
La Intendencia se resignó a sacar a la luz lo que prefería mantener en penumbra, así que la ciudadanía puede hoy enterarse de lo que hasta los ediles ignoraban, pese a sus reiterados pedidos de informes: tanto el anterior como el actual intendente les respondieron con el silencio, pese a que la ley dice que la Intendencia está “compelida” a contestar dentro del plazo de treinta días, si en el pedido no se fija ninguno. Aunque no disponga la sanción en caso de incumplimiento, la desairada Junta Municipal tenía que haber protestado contra el menosprecio de su función de control. En vez de dar una condigna respuesta o de recurrir a la vía judicial como el caso referido, los concejales ninguneados aprobaron en mayo de 2020 la rendición de cuentas del exintendente, por doce votos contra diez, consintiendo a ciegas las graves irregularidades antedichas. Los colorados prefirieron encubrir las corruptelas del correligionario para no afectar su candidatura y hasta un “opositor” que se plegó a ellos. Conste que Julio Ullón, correligionario de Nenecho, llegó a afirmar que “fue la peor ejecución presupuestaria hasta ahora; tenemos muchísimas irregularidades en la rendición”. Todo indica que los documentos le están dando la razón.
En cualquier democracia, lo que está saliendo a la luz con los documentos analizados bastaría para relegar al candidato de la contienda eleccionaria. Tantas “desprolijidades” no son compatibles con alguien que es ordenador de gastos con el dinero del contribuyente. Si tuviera un poco de vergüenza, Nenecho debería apartarse, porque Asunción merece que la Intendencia esté en mejores manos y que la Junta Municipal sea mucho más celosa de su función. Los electores deben valorar su voto y obligar a la transparencia administrativa, recurriendo a la ley, para que el dinero público sea bien invertido. La penosa experiencia indica que los elegidos deben ser controlados por la ciudadanía, para que no prosiga el latrocinio.