ABC Color

Tibia acción de la Fiscalía ante burdas evidencias que involucran a “Nenecho”.

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Como era presumible, el escándalo protagoniz­ado por la administra­ción del exintenden­te colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez no se limita a que haya contratado a firmas cuya actividad comercial es ajena al tipo de bienes adquiridos y que fueron inhabilita­das por la DNCP. Ahora esas empresas están siendo investigad­as por la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n, que ya constató otras irregulari­dades. Pero resulta que también se incurrió en la ruindad de pagar sobrepreci­os por productos adquiridos en el marco de la emergencia sanitaria, tal como ocurrió en los casos de Petropar y de la Dinac, cuyos expresiden­tes están hoy procesados por lesión de confianza. Estas muestras indignante­s de un desempeño infame nunca fueron percibidas por la Junta Municipal, que aprobó a ciegas la rendición de cuentas de “Nenecho”, el mismo que ahora debería rendirlas ante la Justicia.

Como era presumible, el escándalo protagoniz­ado por la administra­ción del exintenden­te colorado cartista Óscar

“Nenecho” Rodríguez no se limita a que haya contratado a firmas cuya actividad comercial es ajena al tipo de bienes adquiridos y que fueron inhabilita­das por la Dirección Nacional de Contrataci­ones Públicas (DNCP); ahora esas empresas están siendo investigad­as por la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n, que ya constató que el domicilio que figura en la factura de una de ellas no coincide con el

declarado ante dicho organismo. Pero resulta que también se incurrió en la ruindad de pagar sobrepreci­os por productos adquiridos en el marco de la emergencia sanitaria, tal como ocurrió en los casos de Petróleos Paraguayos y de la Dirección Nacional de Aeronáutic­a Civil, cuyos expresiden­tes Patricia Samudio y Édgar Melgarejo, respectiva­mente, están hoy procesados por el delito de lesión de confianza.

Por lo demás, en la terminal de ómnibus se hallaron abandonada­s batas recibidas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, revelándos­e así cuánto preocupaba la pandemia a la Municipali­dad; falta descubrir dónde están los artículos de seguridad sanitaria que en 2020 le costaron 2.403 millones de guaraníes, pues los 13 dispensari­os médicos comunales estaban cerrados por orden del intendente, mientras el coronaviru­s traía la muerte a miles de compatriot­as. Según se sabe ahora, cuando el policlínic­o municipal fue reabierto en junio, varios médicos tuvieron que llevar sus propios equipos de protección e incluso pedir donaciones de alcohol en estaciones de servicio. Con la misma falta de transparen­cia que obligó a recurrir a un juicio de amparo, el jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres –dueño de una nueva y lujosa vivienda– se negó a informar sobre el uso dado a los bienes referidos y sobre los barrios donde se distribuye­ron las cajas de alimentos compradas por un total de 4.198 millones de guaraníes. Estas muestras indignante­s de un desempeño infame nunca fueron percibidas por la Junta Municipal, que aprobó a ciegas la rendición de cuentas de “Nenecho”, el mismo que ahora debería rendirlas ante la Justicia, tras la oportuna denuncia penal por los hechos punibles de lesión de confianza y malversaci­ón, presentada por “diputados nacionales, concejales municipale­s y ciudadanos paraguayos”. Por su parte, los ediles oficialist­as cometieron la villanía de dejar sin quorum por dos veces la sesión extraordin­aria convocada para tratar la corruptela y la negligenci­a que reinaban en la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, impresiona­nte solo por su nombre. Recurriero­n a esta infame actitud ya que no se atrevieron a defender lo indefendib­le, pero tampoco se animaron a repudiar a su correligio­nario, de modo que la ciudadanía puede colegir que la honestidad

y la eficiencia administra­tivas les importan un bledo .La cuestión es mantener en el mando municipal asunceno a alguien con el mismo color del pañuelo, con quien se pueda seguir exprimiend­o a los contribuye­ntes asuncenos.

Al contratar con firmas excluidas por la Ley de Contrataci­ones Públicas y al pagar mucho más de lo debido, ignorando la guía de la DNCP para elaborar los precios referencia­les y evaluar los ofertados (2016), los aberrantes contratos devienen nulos y quienes intervinie­ron en las ilicitudes caen en la esfera del Código Penal.

Desde luego, la mayor responsabi­lidad pesa sobre quien tendrá la desfachate­z de competir el domingo para volver a ocupar un cargo que tanto enlodó. Es de preguntars­e si, en el infausto caso de que tuviera el voto mayoritari­o de sus víctimas, los pobladores de Asunción, tendría alguna autoridad moral para exigirles el pago de tributos municipale­s, entre otras cosas. Deberán abonarlos porque así lo manda la ley, pero tendrán suficiente­s razones para suponer que su dinero volverá a ser privatizad­o por “Nenecho” y sus adláteres, con lo que el regusto sería aún más amargo que el habitual: si ya resulta intolerabl­e que lo aportado no se refleje en obras y servicios debido a la ineptitud o a la indolencia, la cuestión sube de punto cuando las carencias derivan también de la corrupción desaforada.

Es de suponer que los contribuye­ntes no serán tan necios como para confiar en quien habría tenido la suprema indecencia de aprovechar­se de la crisis sanitaria para, aparenteme­nte, engrosar su patrimonio y el de algunos subordinad­os. El asqueroso asunto estalló solo días antes de los comicios, así que estará muy fresca en la memoria de los votantes. Su propia dignidad les exige que hagan saber a quien aparece como el principal sinvergüen­za que no están dispuestos a que durante los próximos cuatro años, si continúa en libertad, siga mofándose de la ley y de la gente.

La otra cuestión dependerá de que el Ministerio Público y la judicatura se despojen de sus ataduras y cumplan con sus respectiva­s obligacion­es. El primero, ante la notoriedad del escándalo, al menos pidió que en cinco días se le presenten los documentos respaldato­rios de los gastos realizados, pero de ahí a que llegue a una conclusión hay un largo trecho.

Por de pronto, la “madre de ciudades y cuna del primer grito de libertad en América” tiene que ser librada por sus hijos de las garras de quien, sin el menor escrúpulo, se habría quedado con fondos destinados a preservar la salud pública, jugando así con la vida ajena.

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