Fiscalía maneja con hermetismo la denuncia contra magistrado
El 15 de marzo pasado, el ciudadano Hugo Sánchez había denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) al juez penal de sentencias Elio Rubén Ovelar, quien no podría justificar el origen de su patrimonio. Es por ello que se habla de un presunto enriquecimiento ilícito, que está en una ley especial.
Sánchez sustentó su denuncia en la publicación del diario ABC Color del 2 de febrero de 2021, firmado por el periodista Juan Carlos Lezcano cuya nota fue titulada “Juez aplazado, con millonario incremento”, en la que da cuenta que el juez penal de sentencia Elio Rubén Ovelar ha incrementado su patrimonio en un 1.400 por ciento.
La Unidad de Delitos Económicos a cargo de Soledad Machuca no informó si se dispuso o no la apertura de una investigación penal o en su defecto que decisión se tomó. Si se requirió o no informe a la Contraloría General de la República.
No informa
Machuca se caracteriza por no hablar con la prensa, ni siquiera con los ciudadanos organizados, ignorando así su obligación constitucional y legal, ya que la ley orgánica del Ministerio Público le obliga a informar objetivamente sobre los casos a los medios de comunicación.
La fiscal general Sandra Quiñónez, ante la negativa de Machuca de reunirse con las organizaciones civiles, había designado a los fiscales Osmar Legal y Luis Piñánez, para coordinar las tareas con los ciudadanos organizados, así como también establece la ley orgánica del Ministerio Público.