La irresponsabilidad política está llevando el país al abismo.

Con el respaldo público del movimiento Honor Colorado y la anuencia del oficialismo que le sigue como furgón de cola, todo indica que se terminará aprobando un insostenible ajuste para docentes y médicos. A muchos esto les podrá resultar justificado, pero no solamente esos aumentos van a echar por tierra el cronograma de reducción del déficit fiscal que la clase política se comprometió a respetar para intentar reestabilizar las finanzas públicas, sino que por sí mismos van a acelerar irremediablemente una bola de nieve que en poco tiempo nos llevará a una situación similar a la de Argentina, y no estamos exagerando. A esto nos han llevado los políticos irresponsables. Los ciudadanos en general, incluyendo los funcionarios públicos, no parecen estar dimensionando el tremendo riesgo que corre su calidad de vida.

Con el respaldo público del movimiento Honor Colorado y la anuencia del oficialismo que le sigue como furgón de cola, todo indica que se terminará aprobando un insostenible ajuste para docentes y médicos. A muchos esto les podrá resultar justificado, pero no solamente esos aumentos van a echar por tierra el cronograma de reducción del déficit fiscal que la clase política se comprometió a respetar para intentar reestabilizar las finanzas públicas, sino que por sí mismos van a acelerar irremediablemente una bola de nieve que en poco tiempo nos llevará a una situación similar a la de Argentina , y no estamos exagerando.

Por mucho que se quieran presentar como sectores “eternamente postergados”, la verdad es que tanto los docentes como los médicos contratados por el Estado han sido desproporcionadamente favorecidos frente al conjunto del funcionariado, y ni hablar frente a otros profesionales del sector privado y del resto de la ciudadanía, en forma indiscriminada, sin criterios de racionalidad, sin control ni evaluaciones de desempeño, sin importar las necesidades y las posibilidades del país ni el verdadero interés nacional.

En 2016, en una de sus acostumbradas largas huelgas en perjuicio de los niños y adolescentes del Paraguay, los gremios de maestros consiguieron un acuerdo con el entonces ministro Enrique Riera para elevar gradualmente el “salario básico profesional docente” hasta alcanzar los 3 millones de guaraníes por cada turno de 4 horas. Desde entonces han recibido un aumento salarial del 50%, fuera del que están a punto de volver a percibir (con el que llegarían al 72%), contra un ajuste del 16% en el salario mínimo privado en el mismo período.

En virtud de ello, hoy un maestro al iniciar su carrera en la función pública cobra G. 2.699.894 por un turno de 4 horas diarias de lunes a viernes hábiles, más que un salario mínimo, y normalmente completa su jornada con dos turnos, con lo cual empieza ganando G. 5.400.000, lo que subiría a G. 5.994.000 con el 11% de ajuste que les está ofreciendo el Gobierno o a G. 6.264.000 con el 16% que exigen. Esto es lo básico. Después hay que considerar los incrementos conforme vayan ascendiendo en el escalafón docente, más las diversas bonificaciones, como el subsidio para salud, el subsidio familiar por hijo menor y el subsidio familiar por escolaridad, entre varios otros.

Es irónico que sea justamente Santiago Peña uno de los voceros de HC el que anuncie alegremente el apoyo del movimiento al reclamo de los gremios docentes, cuando él en su época de ministro de Hacienda se opuso rotundamente al mencionado acuerdo y se negó a firmarlo.

En su momento dijo que era “totalmente infinanciable” y que había que decidir “si se quiere que primen los intereses de un pequeño grupo o que primen los intereses de toda la población”.

Tal como lo previó, actualmente, con 79.000 personas con rubros docentes, miles de las cuales son en realidad personal administrativo o no están en las aulas, cuando no directamente planilleros, el Ministerio de Educación destina 887 millones de dólares anuales a salarios, nueve de cada diez guaraníes que dispone en su presupuesto, monto que crecerá entre 80 y 120 millones de dólares por año con los ajustes que se están planteando.

En cuanto a los médicos, a partir de cierta antigüedad pueden acceder hasta a cuatro “vínculos” con el Estado, uno de 24 horas semanales y tres de 12 horas semanales. Por el primero cobran G. 5.400.000, por los restantes G. 4.600.000 con lo cual un médico con cuatro vínculos percibe G. 19.200.000 mensuales, casi tanto como el ministro.

Por un lado, reclaman 3 salarios mínimos por vínculo (G. 6.900.000), lo que representaría un aumento del 28% respecto al primer vínculo, y, por el otro, reducir la carga horaria del mismo de 24 a 12 horas semanales. Actualmente unos 35.000 médicos cobran unos 800 millones de dólares/año al Estado. Con ese ajuste, la cifra pasaría a casi 1.000 millones de dólares por año. Con la reducción de la carga horaria –ya que habrá que cubrir las horas vacantes– otras decenas de millones de dólares adicionales.

Quiere decir que, de aprobarse los ajustes, solamente entre estos dos sectores, que representan un tercio del funcionariado y el 1,3% de la población del país, se llevarían en salarios alrededor de 2.000 millones de dólares anuales del Presupuesto, el 30% de todo el gasto público de la administración central.

Eso sin contemplar el rebote en la Caja Fiscal, cuyo déficit es un gravísimo problema que ya enfrenta el fisco y que tiende a agravarse en progresión geométrica. Ambos sectores fueron beneficiados con jubilaciones de privilegio, por lo que sus aportes no alcanzan ni mínimamente para cubrir sus tempraneros retiros. Para tener una idea, se estima que 40.000 docentes se jubilarán durante este período gubernamental, con lo cual habrá que seguir pagándoles a ellos y a sus reemplazantes.

A todo esto nos han llevado los políticos irresponsables. Los ciudadanos en general, incluyendo los funcionarios públicos, no parecen estar dimensionando el tremendo riesgo que corre su calidad de vida. Cuando la inflación sea del 10, 20 o más por ciento y consuma implacablemente sus ingresos, será tarde para lamentos.