Consultorías, la industria sin chimenea de la corrupción estatal.

El MOPC ha iniciado la adjudicación del primer contrato de consultoría, de cuatro previstos dentro del plan para la construcción de 1.500 viviendas en el Bañado Sur, que se inserta en el marco de la construcción de la avenida Costanera Sur, de 7,6 kilómetros de extensión, que unirá la calle Colón con el Cerro Lambaré. Estas casas serán financiadas con un empréstito de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), caracterizado por imponer condiciones de prodigalidad para la contratación de consultorías, generalmente direccionadas por lobistas que pululan en el hall de entrada de las oficinas del banco en Washington. Contrataciones las más de las veces redundantes que solo sirven para encarecer la obra propiamente dicha.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha iniciado la adjudicación del primer contrato de consultoría, de los cuatro previstos dentro del plan para la construcción de 1.500 viviendas en el Bañado Sur, que se inserta en el marco de la construcción de la avenida Costanera Sur, de 7,6 kilómetros de extensión, destinada a unir la calle Colón con el Cerro Lambaré, a fin de optimizar la conectividad de la Capital por el lado suroeste. La citada obra será construida bajo la modalidad de “llave en mano” a cargo del Consorcio del Sur, integrado por la constructora española Eurofinsa SA y la paraguaya T&C (Francisco Griñó).

Estas casas serán financiadas con un empréstito de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –el mismo ente financiero multilateral que financió el fallido proyecto Metrobús–, caracterizado por imponer condiciones de prodigalidad para la contratación de consultorías, generalmente direccionadas por lobistas que pululan en el hall de entrada de las oficinas del banco en Washington. Contrataciones las más de las veces redundantes que solo sirven para encarecer la obra propiamente dicha, como ha ocurrido con el fraudulento proyecto de servicio público de pasajeros que el pueblo contribuyente ya ha empezado a pagar sin tener pájaro en mano, como se diría.

Pues bien, todo indica que estamos en camino de otra gran estafa con el visto bueno del BID. En vez de contratar una consultoría suficientemente calificada al debido precio, el ministro Arnoldo Wiens ha optado por contratar cuatro consultorías, dos de ellas ya fueron adjudicadas, la primera de las cuales a la empresa “TRM SRL Consultora Ingeniería”, representada por Teresa Ramírez de Mariño. La misma se encargará de la elaboración del estudio de impacto ambiental preliminar (EIAP) a un costo cercano a los G. 420 millones.

La segunda adjudicada es para una “consultoría para el desarrollo del master plan y diseño ejecutivo de infraestructura urbana”, que se entregó a la empresa Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales”, representada por Nora Centurión, a un costo de G. 5.619 millones.

También se puede recordar que el MOPC está a punto de adjudicar dos llamativas consultorías que le costarán G. 25.537 millones, para la elaboración de un inventario vial y conteo del tránsito (en proceso de evaluación de ofertas).

Además, se debe volver a mencionar que la cartera está gastando US$ 10 millones, a través de un convenio firmado en mayo de 2019 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la contratación de 250 asesores,

con salarios de hasta G. 20 millones cada uno. Según denuncias, personas cercanas a la administración actual son contratadas como consultores en diferentes proyectos.

En noviembre de 2020, el Ministerio también adjudicó la consultoría para la “administración y ejecución de proyectos de caminos vecinales en la Región Oriental”, resultando adjudicado el consorcio integrado por APPE Asesoría para Proyectos Especiales Ltda., CONTEC Ingenieros Consultores, y Hagaplan Engenharia e Servicios Ltda. (Diego Manuel Puente Yugovich), por US$ 3,7 millones.

Como se ve, una verdadera piñata para consultores y asesores. El fraccionamiento de una licitación de consultoría en parcelas artificialmente diferenciadas, así como de una obra vial, es una estratagema patentada del MOPC para disimular el mayor costo resultante, en comparación con una única, obviamente más barata, a menos que sea un batacazo como la “pasarela ñandutí” en la que aún está enredado el ministro Wiens.

Obviamente, la contratación de consultorías y, aunque en menor escala, de ONG, es una marea de pillaje que con la pandemia del covid ha inundado la estructura pública, desde la administración central hasta los municipios, con inmenso perjuicio para el Estado, contribuyendo para que la deuda externa del país se disparara a más de US$ 11.000 millones. En este sentido, ni el PNUD ni la OPS destacados en el país se han salvado de ser salpicados por las aguas sucias de la corrupción. En esta debacle administrativa y financiera en que está sumido el país, lleva la posta el MOPC, por ser la cartera que mayor presupuesto de inversión tiene al amparo de la mentira del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de que es la repartición estatal en la que el Gobierno cifra la esperanza de la recuperación económica poscovid.

Mentira política comparable con lo ocurrido con la desastrosa administración del exministro de Salud Pública

Julio Mazzoleni, por cuya inoperancia no llegaron a tiempo las vacunas y murieron más de 16.000 habitantes. Y de no haber sido por la filantropía del Gobierno norteamericano y de otros países solidarios, miles más hubieran muerto.

Lo que sucede con la salud sucede también con la calidad y la seguridad de la infraestructura vial. Como botón de muestra está el estratégico puente de acceso a Tacuatí que colapsó hace cuatro meses, con pérdida de tres vidas, y que hasta ahora el MOPC no ha reparado. Sin embargo, el ministro Wiens ya se prepara para cobrar peaje a los que transiten por el puente “Héroes del Chaco”, que unirá a Asunción con Chaco’i, pero no es capaz de disponer la iluminación de la oscura avenida Acceso Norte. O recuperar el dinero que la empresa Engineering SA recargó indebidamente al costo de la “pasarela ñandutí”.

La desprolijidad –por llamarlo de alguna manera– de la gestión del ministro Wiens está creando un enorme iceberg al utilizar los recursos de su cartera para montar un descomunal festín con la mencionada contratación de consultorías de cuestionable necesidad, disponiendo de más de 4.000 funcionarios, y distrayendo así fondos con los que podía pagar a las empresas constructoras que vienen reclamando sus haberes desde inicios de año. A este paso, el poscovid le resultará a nuestro país más caro que la pandemia misma, que tanto sufrimiento ya ocasionó y ocasiona a la población.