Defensoría del Pueblo no informa ingresos por objeción de conciencia
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Miguel Godoy, se niega a informar cuánto recibe al mes por “contribución” de objetores de conciencia. Empero, según Hacienda ingresaron más de G. 1.783 millones entre el 2020 y este año. La Contraloría General de la Re
En junio de 2010 se promulgó la Ley 4013, que en su artículo 21 señala que quedan exceptuados de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio quienes hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados o la de Senadores en fechas anteriores a la promulgación de la Ley. “Los mismos deberán optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos”, señala la normativa.
Sin embargo, la reglamentación del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, aprobada en diciembre de 2018 y puesta en vigencia
el 1 de julio de 2019, dispone que el presidente de ese consejo, que desde entonces es el defensor del pueblo Miguel Godoy, realizará los trámites necesarios para que se pueda cobrar esta contribución, que actualmente es de G. 440.255. Aunque la Ley habla que deberán pagar los objetores declarados hasta el 2010, el Consejo consideró seguir cobrando esta “contribución”.
El mismo Consejo, sin embargo, dispuso que están exentos de pagar quienes se declaren insolventes, con una remuneración mensual menor a 4 salarios mínimos.
También determina el Consejo que estarán exentos de realizar el SMO las personas con discapacidad o con enfermedad grave o terminal; quienes realicen un servicio social, como bomberos, guardabosques, voluntarios y afines; y quienes puedan acreditar la conclusión de una capacitación profesional en el SNPP o Sinafocal. Los chicos también pueden prestar un servicio sustitutivo al SMO.
Con todo, y pese a la amplitud de las posibilidades, en la Solicitud de Declaración de Conciencia de la Defensoría del Pueblo solamente figuran dos opciones para los jóvenes, “prestar servicio” o “Artículo 21. Ley 4013/10”, o sea, pagar. No se especifican en el documento las demás alternativas.
En setiembre, a partir de un pedido de información pública, la Defensoría del Pueblo contestó que desde julio de 2019 hasta ese mes, 3.757 eran los objetores que pagaron “contribución”, pero no quiso informar cuánto recaudó por mes, alegando que el objetor deposita el dinero en una cuenta del
Banco Nacional de Fomento –a nombre de la Defensoría– y que “los depósitos son considerados documentos en tránsito”. El pedido de reconsideración no fue respondido. Tampoco quisieron responder ayer, ni en la administración ni en la dirección de objeción de conciencia.
Según la Dirección General del Tesoro Público, de enero de 2020 hasta agosto de 2021, la Defensoría recaudó como “contribución”
G. 1.783.588.112.
Paralelamente, desde el jueves funcionarios de la Contraloría General de la República realizan una auditoría financiera a la Defensoría del Pueblo. Fuentes señalan que habrían existido denuncias de irregularidades. El defensor del pueblo, Miguel Godoy, por su parte, está ternado para permanecer en el cargo. Su postulación y la de otros candidatos está siendo estudiada en la Cámara de Senadores.