Dejar que pase el tiempo
El periodista de ABC Color, Carlos Benítez, viene publicando unos reportajes muy preocupantes acerca del comportamiento de dos ministros de la Corte, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, de la Sala Penal. Según las pruebas que acerca el periodista, tales ministros abren el camino para que los corruptos prescriban los procesos. Para ello, solo bastan la imaginación y el descaro de los abogados –tan corruptos como sus clientes– para chicanear hasta el infinito y ganar tiempo. En rigor, ese tiempo no da ningún derecho al procesado porque ha venido acumulándose mediante un sistema perverso: dejar que el expediente duerma un plácido sueño en alguna gaveta. Cuando lo despiertan –¡Oh casualidad!– ha llegado el tiempo de la prescripción que significa la libertad del encausado. No importa lo que hubiera hecho; no importa el daño al país ni a la imagen –¿imagen?– de la justicia.
Carlos Benítez escribe: “La Corte, como cabeza del Poder Judicial, no puede deslindar responsabilidad de la excesiva duración de los procesos, que como en el caso del exministro de la SEN, Camilo Soares, se extendió por más de diez años y se declaró la prescripción”.
Los ministros que obran según el relato y los documentos que publica Carlos Benítez, no deberían estar en tan elevada función, ni en ninguna, del Poder Judicial. El problema que pudiera llevarlos a juicio político no afecta el interés de algún parlamentario de peso. Entonces, hasta los 75 años de edad –no sé cuántos tienen Carolina Llanes y Ramírez Candia– seguiremos asistiendo al deprimente espectáculo de ver cómo se escapan de la ley los acusados. Por este camino va, entre muchos otros, el exministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo, con suficientes pruebas acercadas por la fiscalía de haber cometido estafas al Estado. Una por sesenta y ocho mil millones de guaraníes; la otra, por tres mil quinientos millones. Tanto dinero público tenía que haber beneficiado a los pequeños productores. Este caso se inició en la justicia en el año 2012. Las veces que el juez lo llamaba para el juicio oral y público, junto a otros cómplices, se presentaban las famosas chicanas. Hoy los voluminosos expedientes están en la Corte, seguramente a la espera de que fenezcan.
Nuestro país tiene una sangre dulce especial para atraer a los malos magistrados, a esos que dañan terriblemente a la justicia que juraron enaltecerla. Hoy mismo los candidatos a la Corte Suprema se desgañitan para hacernos creer que serán los mejores, los únicos, los magníficos, si llegaren a ser ministros. Hemos escuchado tantas veces la promesa del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes. Ya nadie los cree ante la devastadora realidad en la que se convierten tantos y encendidos anuncios. El Poder Judicial es la institución del Estado peor valorado por la opinión pública. Es el resultado lógico de años y años de una práctica corrupta sin misericordia.
Para un doctor en Derecho llegar a sentarse en el sillón de la Corte es la culminación triunfal de una carrera. Estará en ese sitio hasta la edad de 75 años, único límite que la Constitución le impone, salvo el juicio político. Por lo demás, dispone libremente del honor, la hacienda, la libertad de las personas. Esta amplitud de movimiento no es un regalo de la Constitución que pueda usarse al antojo del beneficiado. Conlleva la enorme responsabilidad de la ética, la honradez, el buen juicio y un mínimo de patriotismo para que el nombre de nuestro país sea pronunciado con alguna deferencia.
Por encima de todo, a mi modo de ver, está el mismo nombre de los ministros. ¿No les importa? ¿No tienen familia? ¿Les resulta indiferente que estén en boca de amigos, conocidos, o desconocidos, como jueces incapaces de administrar justicia, o demasiado capaces para, precisamente, hacer de la justicia un instrumento al servicio de los poderosos? ¿No les gustaría que fuesen admirados, respetados, dejar un recuerdo ejemplar?
Por lo visto que no.