► EDITORIAL
Oportunismo político miope y temerario. Santiago Peña, quien en su época de ministro de Hacienda sostenía que el ajuste salarial progresivo y acumulativo al sector docente y a otros estamentos de la administración pública era “infinanciable”, en su afán por congraciarse, pisando sus propias palabras y convicciones, fue uno de los voceros del movimiento Honor Colorado que anunció el respaldo de esa corriente interna de la ANR al aumento a maestros, médicos y personal de blanco. Su oportunismo político es sumamente miope, sin embargo, porque pretende ser presidente de la República en el siguiente período y, si lo consigue, de no detenerse ahora la bola de nieve, tendrá que lidiar con el mayor déficit fiscal de la historia económica de Paraguay desde la posguerra de la Triple Alianza.
Santiago Peña, quien en su época de ministro de Hacienda sostenía que el ajuste salarial progresivo y acumulativo al sector docente y a otros estamentos de la administración pública era “infinanciable”, en su afán por congraciarse, pisando sus propias palabras y convicciones, fue uno de los voceros del movimiento Honor Colorado que anunció el respaldo de esa corriente interna de la ANR al aumento a maestros, médicos y personal de blanco. Su oportunismo político es sumamente miope, sin embargo, porque Peña pretende ser presidente de la República en el siguiente período y, si lo consigue, de no detenerse ahora la bola de nieve, tendrá que lidiar con el mayor déficit fiscal de la historia económica de Paraguay
desde la posguerra de la Triple Alianza.
Bajo presión de una de sus invariables largas huelgas en perjuicio directo de los niños y adolescentes paraguayos, en 2016 los sindicatos de maestros del sector público “acordaron” con el entonces ministro de Educación
Enrique Riera, una sucesión incremental de ajustes anuales para elevar el “salario básico profesional docente” hasta un piso de 3 millones de guaraníes por cada turno de 4 horas. Peña se opuso y se negó a firmar ese acuerdo, en virtud del cual el sector ha sido beneficiado desde entonces con un aumento acumulado real del 50%, que treparía al 72% este año si obtienen el incremento que están reclamando, y al 99% si le conceden el otro ajuste pretendido en 2022 (ya muy por encima del piso acordado inicialmente), contra el 16% del salario mínimo del sector privado en el mismo período.
Actualmente figuran en el Estado 79.000 funcionarios con rubros docentes, muchos de ellos sin serlo o ejerciendo otras funciones, en no pocos casos como operadores políticos o planilleros, que cobran un básico de G. 5.400.000 mensuales más aguinaldo por dos turnos de cuatro horas de lunes a viernes hábiles. Eso se elevaría a G. 6.264.000 por mes en 2021 y a G. 7.266.000 en 2022 para los que recién empiezan si se aprueban los nuevos ajustes, sin considerar los incrementos conforme vayan ascendiendo en el escalafón docente, más las diversas bonificaciones, como el subsidio para salud, el subsidio familiar por hijo menor y el subsidio familiar por escolaridad.
Como consecuencia, el Ministerio de Educación destina hoy 887 millones de dólares anuales solo a salarios, el 90% de su presupuesto, y le queda apenas el 10% para todo lo demás. Ese monto superará largamente los 1.000 millones de dólares de concederse los ajustes.
En cuanto a los médicos, que son 9.000 (en un editorial anterior se consignó por error que eran 35.000, cuando ese es el número aproximado de todo el personal de blanco) y pueden ejercer hasta cuatro “vínculos” con el Estado, uno de 24 horas semanales y tres de 12 horas semanales, piden elevar de G. 5.400.000 a tres salarios mínimos (G. 6.900.000) el pago por vínculo, más la reducción de la carga horaria del primer vínculo de 24 a 12 horas semanales. De aprobarse este ajuste, recibirían un incremento efectivo del 28% (indexado al sueldo mínimo), más un agregado de 2.250 vínculos (unos 30 millones de dólares adicionales al año) por desdoblamiento de carga horaria.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, la mitad de los médicos tiene un solo vínculo, por lo que atienden en el sector público una media de 4 horas diarias. Del resto, 2.843 tienen dos vínculos y cobran G. 10.800.000 más bonificaciones (antes del ajuste) por 6 horas diarias, y 1.542 tienen tres vínculos y cobran G. 16.200.000 como salario básico por la jornada completa. Con el ajuste irían a G. 20.700.000. Hay 13 profesionales con cuatro vínculos que perciben ya hoy G. 21.600.000.
Seguramente hay maestros y médicos que merecen ganar lo que ganan y más, pero los aumentos generalizados e indiscriminados en estos y otros sectores del funcionariado, sin evaluación de desempeño, sin racionalización y sin control, así como las jubilaciones de privilegio, están llevando el país a la ruina. El peso sobre las finanzas públicas se está tornando rápidamente insoportable y todo indica que le explotará en la cara justamente al Gobierno que Santiago Peña aspira a encabezar.
Para tener una idea, se estima que 40.000 docentes se retirarán durante el período de Mario Abdo Benítez ,lo que obligará a pagarles a ellos y a sus reemplazantes. Según las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, el déficit de la Caja Fiscal, que ya será de 184 millones de dólares en 2021, se incrementará en progresión geométrica y alcanzará los 3.000 millones de dólares para el fin del siguiente mandato presidencial .Es decir que el próximo gobierno tendría que triplicar el Impuesto al Valor Agregado, del 10% al 30%, solamente para cubrir las jubilaciones de los funcionarios públicos.
Cuando decimos que Paraguay se está encaminando a una situación similar a la de Argentina no estamos exagerando. Lo triste es que muchos en la clase dirigente saben que es así, Santiago Peña es uno de ellos, y nadie está haciendo absolutamente nada al respecto.