Ahora es “cimiento para la independencia”
La ministra de la Corte Suprema de Justicia María Carolina Llanes, ahora que ya está ocupando ese cargo “olvidó” la posición que había asumido cuando era una aspirante al puesto, defendió la inamovilidad de los integrantes de ese máximo organismo judicial, alegando que está consagrada en la Constitución Nacional y que es la base para lograr “la independencia” del Poder Judicial.
Luego de un día de silencio, ayer la ministra Llanes decidió utilizar su página de Facebook para pronunciarse sobre la tan criticada inamovilidad de la cual ella fue una de las beneficiadas, junto a sus colegas Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, María, Manuel Ramírez Candia y César Diesel Junghanns.
La ministra no había atendido las llamadas telefónicas y prefirió el posteo para sentar su postura. Dijo que supuestamente la Constitución Nacional avala que los ministros sean inamovibles. “Es un mecanismo para asegurar su estabilidad como cimiento sobre el cual construir la INDEPENDENCIA, como exigencia, para alcanzar la JUSTICIA”, agregó Llanes.
Agregó que conforme a ese diseño constitucional existen dos reglas que rigen la duración del mandato; una general para magistrados, que establece que a partir de dos periodos confirmados siguientes a su elección obtienen la inamovilidad hasta los 75 años; y otra regla especial para los ministros, que indica que los mismos durarán en el cargo hasta los 75 años, sin exigir nuevo concurso.
Llanes también indicó que esa diferenciación se hace en cuanto a los mecanismos de remoción, siendo posible destituir a un magistrado mediante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y en el caso de los ministros, únicamente por la vía del juicio político.
A diferencia de la ministra, algunos de los beneficiados por las resoluciones atendieron a la prensa y defendieron la postura alegando que desde hace 20 años la propia Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo que un ministro del máximo tribunal debe estar en el cargo hasta los 75 años de edad y que solo pueden ser removidos antes a través de un juicio político.