Media sanción al proyecto de ley que persiguen camioneros
Tras la aprobación del Senado, pasa a Diputados el proyecto de ley que persiguen camioneros, que permitirá a firmas extranjeras participar en llamados de Petropar sin presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, convocó para mañana, miércoles, a las 8:30 a la sesión ordinaria y como primer punto del orden del día estipuló el proyecto de ley que tiene como objetivo liberar de intermediarios a Petropar, para buscar una eventual reducción de los precios del combustible. Eso luego de que ayer, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobara con 26 votos a favor y 18 ausencias este proyecto que suprime la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas a proveedoras de combustible de Petropar.
El proyecto de ley consta solamente de dos artículos. El primero hace referencia a la citada excepción y el segundo, establece que Petropar deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar datos, contratos y otros documentos, periódicamente. Este segundo artículo fue la modificación introducida por la Cámara Alta, con respecto al proyecto original.
El senador Abel González (PLRA) dijo que se estima que con la eliminación de la obligatoriedad de recurrir a los intermediarios se podría llegar a ahorrar unos US$ 3 millones al mes, lo que a su vez representaría una reducción de al menos G. 200 por
litro para el usuario final. De hecho, el titular de la petrolera estatal, Denis Lichi, había dicho que con la eliminación de la intermediación en las compras, solo se podría reducir hasta G. 300
por litro los precios de todos los carburantes.
El senador Juan Darío Monges (ANR, HC), por su parte, señaló que la exigencia de la presentación de DD.JJ. a proveedores del Estado es algo que, de hecho, prácticamente no se aplica, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha resuelto varias acciones de inconstitucionalidad a fin de que las empresas privadas obvien esta exigencia, basados en que no hay fundamentos constitucionales para la misma. La bancada llanista en el Senado es una de las que se ausentaron, argumentando la falta de discusión previa.
Finalmente, se aprobó el proyecto y pasó a Diputados, que trataría este miércoles, en medio de movilización de los camioneros.