Chau, N° 2
AREGUÁ
Lo rajaron. Resulta incomprensible el profundo sueño en el que cayeron el ahora exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, y sus asesores, para que no tuvieran en cuenta lo que establece el artículo 13 en su inciso “C” de la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental. Literalmente durmieron sobre laureles.
El jueves pasado bastaron 14 votos de 21 para que la Junta Departamental destituyera “definitivamente” a Hugo Javier del cargo de gobernador de Central. Cinco concejales colorados velazquistas, cuatro liberales efrainistas, cuatro cartistas y uno de Patria Querida cambiaron el rumbo en Central.
Hugo Javier está con arresto domiciliario desde el 12 de abril, medida cautelar otorgada en el marco de la investigación de la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas para justificar el uso del recurso. González y otras 14 personas fueron imputadas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Tras el fallo judicial que hasta hoy se mantiene, Hugo Javier no comunicó su ausencia y tampoco solicitó permiso a la Junta Departamental y esta falla garrafal lo dejó fuera del cargo. Según los concejales, la decisión del pleno se ajusta a derecho.
Dicha destitución dio paso para que el recientemente electo gobernador interino, el exconcejal Gustavo Machuca (velazquista), de conformidad al artículo 13 de la Ley Nº 426/94, fuera nombrado oficialmente por resolución de la Junta como gobernador de Central con todas las atribuciones que el cargo requiere hasta el 15 de agosto de 2023. Machuca dijo que saldrá “feo” de la Gobernación, pero prometió gobernar con transparencia y priorizar salud y educación.
Ahora, desesperado, Hugo Javier, más conocido como el locutor Nº 2, buscará recuperar su sillón y recurrirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para apelar la decisión de la Junta. Pero, el ente debería exigir la comunicación de ausencia y el pedido de permiso aprobado por la Junta; sin embargo, ambos documentos no existen.
Buscando confundir a la ciudadanía, el abogado Andrés Casati, defensor de Hugo Javier, dijo que solo la Cámara de Diputados tiene atribución para destituir a un gobernador, no así la Junta Departamental y usa como excusa el artículo 165 de la Constitución que habla sobre la “intervención” de las gobernaciones o municipalidades, que no viene al caso ya que la institución no está intervenida.
Entonces, oficialmente ¡Chau, Nº 2! Ahora más que nunca creo que mucha gente de bien tiene puesta la absoluta esperanza en la Fiscalía para que el despilfarro cometido durante la pandemia no quede impune en memoria de todos los centralinos caídos en la lucha contra el coronavirus.
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