Defensoría recaudó G. 1.800 millones en contribución de objetores al SMO
El proyecto de ley que plantea la modificación de los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 4013/10 “que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil” cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa presentada por el diputado Derlis Maidana (ANR, HC) y del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) busca forzar a los objetores de conciencia de 1992 al 2010 a “regularizar” su situación con optar entre prestar un servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos (G. 440.225).
Si bien ya está establecido en la Ley 4013/10 el servicio sustitutivo o el pago de la “contribución”, el proyecto de ley que ahora pasa al Senado busca forzar al objetor de conciencia a realizar un servicio social o pagar los G. 440.225 estableciendo sanciones como la inhabilitación de realizar trámites para obtener el pasaporte, acceder a becas del Estado y a concursos para ingresar a la función pública.
Según informes oficiales del Ministerio de Hacienda, entre el 2020 y 2021, plena crisis económica por el covid-19, la Defensoría del Pueblo, a cargo del cartista Miguel Godoy, recaudó por pago de carnet de objeción de conciencia G. 1.823 millones. El polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” del objetor de conciencia triplicará los ingresos de la institución.
Las sanciones impuestas al objetor de conciencia redundarán en un mayor poder de recaudación para la Defensoría del Pueblo, que entre julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 recaudó G. 1.823.787861, según informes oficiales del Ministerio de Hacienda.
En el 2020 la Defensoría del Pueblo recaudó G. 1.479.337.292, mientras que en el 2021 G. 344.450.569, donde bajó la recaudación sustancialmente.
Mientras que solo en el 2021 se declararon objetores de conciencia al Servicio Militar Obligatorio 3.230 personas. La mayor cantidad de objetores se concentran en la capital del país, donde se registran 1.889, a diferencia del departamento de Ñeembucú, donde solo una persona pidió declararse objetor.
Destino de los fondos
Según el proyecto de ley, los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de la objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y la adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la Defensoría del Pueblo.
Los detractores del proyecto de ley mencionan que el proyecto de ley es inconstitucional porque viola el artículo 129 que establece que la reglamentación del derecho a la objeción de conciencia no puede tener carácter punitivo además de violar derechos humanos como el acceso a la educación, a la libre circulación y al acceso a los cargos públicos.
El proyecto de ley tuvo dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales y solo fue firmado por el diputado Walter Harms (ANR, HC), ya que Maidana
como proyectista no puede firmar un dictamen.
En la comisión de Legislación su titular, Ávalos, donde tampoco pudo firmar el proyecto. Firmaron el dictamen los diputados: Celeste Amarilla (PLRA), Juan Manuel Ayala (PLRA), Jorge Brítez (Independiente) y Sebastián Villarejo (PPQ).
El proyecto de ley que fue aprobado por 34 diputados colorados, liberales y un independiente aún no fue remitido a la Cámara de Senadores, que deberá aprobar, rechazar o modificar el proyecto de ley.
Reelecto
En noviembre del año pasado, Godoy fue reelecto como defensor del pueblo gracias a los votos de los cartistas, abdistas y de algunos liberales, pese a los cuestionamientos a su gestión.
Godoy hizo un fuerte lobby en Diputados para aprobar el proyecto de ley que permitirá dar una mayor recaudación a la Defensoría.