El fiasco del metrobús va camino al “oparei” porque fiscalía no investiga
Hoy se cumplen cuatro años desde que se presentó al Ministerio Público la primera denuncia penal sobre el fallido metrobús, pero las pesquisas no avanzan. La zona de la fracasada obra sigue en pésimo estado, pero no hay imputados. Denunciantes exigen que el caso, a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez, no quede en el “oparei” (en la nada).
El 28 de mayo de 2018 el Ing. Hermann Pankow presentó la primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados por esa obra encarada por el Gobierno de Horacio Cartes.
Empero, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado y las diligencias no prosperan. La fiscalía ni siquiera quiere informar sobre la situación actual de la carpeta fiscal y los denunciantes aseguran que el caso va camino al “oparei”.
Pankow señaló ayer a nuestro diario que el resumen de estos 4 años de la causa es que hasta hoy no se conoce siquiera quién es el magistrado de la causa metrobús, para cumplir con el Art. 290 del código procesal penal, que le da 6 horas a la fiscalía para remitir la denuncia a un juez de garantías.
Asimismo, agregó que en el caso metrobús, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, estrenó el “mega poder” que le dio la Sala Constitucional de la Corte, el con el cual hizo que un juez “no controle más” cuando los fiscales son recusados. “Así la fiscalía designa sin sorteos a agentes fiscales a las causas, a dedo, y luego la misma fiscalía decide si quedan o no en la causa si son recusados”, explicó.
Pankow señaló que recusó a la fiscala de la causa, Natalia Silva, porque no investigaba el “negociado” de la fracasada obra, pero que no se resuelve hasta la fecha, por lo que las “investigaciones” siguen en manos de una fiscala interina, Esmilda Álvarez, quien evita dar declaraciones a ABC sobre las pesquisas. La recusación hoy se encuentra a instancias de la Corte. “Lo último que yo recibí es que Antonio Fretes (ministro de la Corte) no se inhibió en la recusación que hice contra la fiscal general respecto a este mega poder”, dijo.
La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en la que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Sandra Quiñónez responde al equipo de Cartes
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, en enero de 2019, también por la presunta lesión de confianza y estafa, que se agregó a la denuncia presentada por Pankow, pero el congresista dijo ayer que la fiscalía no tiene intenciones de investigar este tema.
“El metrobús es una gran estafa contra el pueblo paraguayo de la era del gobierno de Horacio Cartes y su ministro Ramón Jiménez Gaona. Pero la fiscalía jamás movió nada, ni moverá nada porque Sandra Quiñónez directamente responde al equipo de Horacio Cartes. Esto no se va a aclarar porque no quieren aclarar, es una pena. Esto es el reflejo del actuar de la fiscalía”, expresó.
Buzarquis informó que no recibió ninguna información del Ministerio Público luego de presentar la denuncia.
La Comisión Bicameral del Congreso, que igualmente investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del
Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra, en el mejor de los casos.
El diputado Edgar Acosta, quien presidió este cuerpo colegiado, señaló que lamentablemente, pese que remitieron los informes desde el Congreso, nada saben de las investigaciones en este caso. “No hay absolutamente nada y esto es una pena”, expresó.
La Contraloría General de la República (CGR) también remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil por la obra del metrobús, firma que avanzó apenas un 30% de los trabajos. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35% a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones. En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso. Donde pretende cobrar otros US$ 35 millones.