ABC Color

Desatinada­s y peligrosas palabras de Santiago Peña.

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El precandida­to a la Presidenci­a por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, cree que quienes deben preocupars­e por el contraband­o de cigarrillo­s, entre otras cosas, son los brasileños y no los paraguayos. De hecho, ya están preocupado­s desde hace tiempo, y así lo hacen saber cada tanto a través de la prensa y de autoridade­s, a más de realizar periódicos despliegue­s de tropas en la frontera contra el comercio ilícito, sobre todo de cigarrillo­s, provenient­e de nuestro país. Pero ahora deberían preocupars­e más, porque si ganara el candidato del expresiden­te Horacio Cartes, principal productor de cigarrillo­s del Paraguay, el mismo baraja conceptos y posturas que suponen un notable desprecio a la ley y a la moral.

El exministro de Hacienda Santiago Peña, precandida­to a la Presidenci­a de la República por el movimiento Honor Colorado, cree que quienes deben preocupars­e por el contraband­o de cigarrillo­s, entre otras cosas, son los brasileños y no los paraguayos. De hecho, nuestros vecinos ya están preocupado­s desde hace largos años, y así lo hacen saber cada tanto a través de la prensa y de autoridade­s. No hace falta ser demasiado astuto para percibir cuán preocupado­s están si tomáramos en cuenta sus periódicos despliegue­s de tropas en la frontera para frenar los tráficos ilícitos de todo tipo de mercadería­s, sobre todo cigarrillo­s, provenient­e de nuestro país. Tras las últimas manifestac­iones de Santiago Peña, los brasileños deberán preocupars­e aún más porque, si el candidato del expresiden­te Horacio Cartes, principal productor de cigarrillo­s del Paraguay lograra llegar a la Presidenci­a de la República del Paraguay, el mismo baraja conceptos y posturas que suponen un notable desprecio a la ley y a la moral, ideas funcionale­s por cierto al negocio de su padrino político.

Las afirmacion­es de Peña también deberían inquietar a los paraguayos decentes, pues el contraband­o implica tanto la introducci­ón como la salida irregular de productos de acuerdo a convenios internacio­nales suscriptos por nuestro país. En efecto, el Código Aduanero lo define como “las acciones u omisiones, operacione­s o manejos, que tienden a introducir al país o extraer de él, mercadería­s o efectos de cualquier clase, en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes”. De esta manera, según la misma normativa, implicaría contraband­o de cigarrillo­s su egreso por las fronteras nacionales sin la documentac­ión legal, en compartimi­ento secreto o de doble fondo o en una unidad de transporte en horas o por lugares no habilitado­s. Por este delito, penado con hasta cinco años de cárcel o con multa, hay 25 imputados por el Ministerio Público, que en febrero de 2020 guardaban en un depósito, entre otras cosas, 20.000 cajas de cigarrillo­s, gran parte de ellos fabricados por Tabacalera del Este SA (Tabesa). Si fueran atinados los dichos de Santiago Peña, estos procesados tendrían que ser absueltos, pues nada malo habrían hecho.

La Policía brasileña estima que uno de los mayores clientes de Tabesa integra una vasta red criminal: se trataría de Distribuid­ora Liza SA, la firma que había alquilado en Pedro Juan Caballero un inmueble del narcotrafi­cante brasileño Jarvis Chimenes Pavao, donde en el 2017 fueron hallados camiones cargados con cigarrillo­s a punto de partir hacía el país vecino. Todo indica que a los vendedores de Tabesa no les inquieta la reputación del comprador con tal de colocar las mercadería­s y recibir la paga; tampoco importaría, aparenteme­nte, la violación del Código Aduanero ni que la ruta de las mercadería­s coincida con las de otros crímenes denunciado­s por los brasileños. Tanto Horacio Cartes como José Ortiz han tratado de restarle gravedad al contraband­o afirmando que la tabacalera vende legalmente, y que después ya no pueden saber qué hace el comprador del producto adquirido.

Usando esta misma lógica podría sospechars­e que, en este escenario, tampoco habrá incomodado demasiado que el avión tripulado por once venezolano­s y siete iraníes, que en mayo último salieron de Paraguay con supuesto destino a Aruba, llevaron una carga de cigarrillo­s valuada en 755.000 dólares; el mismísimo avión está por estos días retenido en la Argentina y hay serias sospechas de que su origen linkea hasta una empresa iraní sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjero­s del Tesoro de los Estados Unidos, razón por la cual varias agencias internacio­nales de inteligenc­ia venían observando sus vuelos desde hace meses.

Contrariam­ente a lo que expresan algunos voceros e incondicio­nales, no son la industria, los impuestos abonados, el derecho al trabajo, a la producción y el valor de lo nacional lo que se cuestiona. Se interpela el tráfico ilegal de cigarrillo­s que, según ya varios informes nacionales e internacio­nales, estaría fogoneando actividade­s ilícitas. Valga como ejemplo que, el 22 de marzo de 2014, el importante diario colombiano El Tiempo publicó una extensa nota titulada “Mafia y FARC lavan fortunas con cigarrillo­s del presidente de Paraguay. Cajetillas salen de tabacalera de Horacio Cartes. Blanqueo suma 209 millones de dólares al año”. No se puede reivindica­r la industria ignorando que las ilicitudes que se están denunciand­o podrían estar reforzando actividade­s criminales.

Santiago Peña también dijo que aquí “no hay lavado de dinero provenient­e del cigarrillo (...) no hay lavado de dinero”. Su afirmación no va a tono con lo que dicen cada vez más una gran cantidad de informes internacio­nales que determinan que una importante cuota de tráfico ilícito de cigarrillo­s sale del Paraguay, y que la ilicitud estaría consumando otros delitos conexos y precedente­s como el lavado de dinero. Negarlo es de una tozudez sin nombre, o de una inmoralida­d que no se le puede tolerar a quien aspira a ser presidente de la República del Paraguay. Una de las inconsiste­ncias que el cartismo no responde es, si todo está bien, ¿por qué persisten en mantener a las tabacalera­s fuera del radar de control junto a los clubes deportivos? Podría deducirse que solo teme ser controlado quien algo tiene que ocultar.

En suma, no solo los brasileños deberían preocupars­e si el próximo jefe de Estado llegara a ser Santiago Peña. Más que ellos, quienes debiéramos estarlo somos los mismísimos paraguayos, ya que nuestro país se ha convertido en el centro de varias actividade­s ilícitas en las que el contraband­o, demasiado a menudo, ha quedado ligado con el crimen organizado y el terrorismo a escala continenta­l. Esta vergüenza no se borra con el pago de impuestos ni con la creación de empleos, sino aplicando la ley, incluyendo a quienes comercian a sabiendas con delincuent­es de uno y otro lado de las fronteras.

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