Buscan subir pena carcelaria por robar el dinero público
La Cámara de Diputados trata hoy el proyecto de ley que pretende elevar desde 8 hasta 15 años la pena por estafa y lesión de confianza que afecten el dinero público. Rige para funcionarios del Estado y del sector privado.
La propuesta legislativa que se estudia en la sesión ordinaria de hoy, convocada para las 8:30, consiste en la modificación de los artículos 187 y 192 del Código Penal, que puntualmente definen los delitos de estafa y lesión de confianza. La propuesta consiste en aumentar hasta 15 años la pena privativa de libertad a responsables de los casos particulares donde se afecten fondos públicos o donde los autores sean políticos o autoridades de instituciones estatales.
En el caso de estafa, se pretende establecer como casos “especialmente graves”, por ejemplo, que el autor “abuse de su posición como funcionario y con ello cause un perjuicio al patrimonio del Estado” o que directamente “perjudique el patrimonio del Estado”.
No solamente se busca un castigo mayor para funcionarios, sino también a particulares que monten un esquema que “actúe comercialmente o como miembro de una banda” y afecte a una gran cantidad de personas, o bien, que el perjuicio “sea de gran cuantía”.
Actualmente, el Código Penal establece como sanción máxima por estafa, 8 años de prisión en casos graves y de 10 años por lesión de confianza. Ese mismo castigo máximo se plantea para los casos de lesión de confianza, considerando agravantes el hecho de que se “ocasione un perjuicio patrimonial de gran cuantía o actúe con el propósito de conducir a un gran número de personas al peligro de la pérdida de su patrimonio”, o bien “Perjudique el patrimonio del Estado”. En ambos casos también se considera agravante que la comisión de estos delitos “conduzca a una persona a necesidad económica”.
El proyecto surge de los miembros de la multibancada opositora: los diputados por Patria Querida Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo, Sebastián García; junto con sus colegas del PEN: Kattya González y Norma Camacho; los liberales Celeste Amarilla, Celso Kennedy y Jorge Ávalos Mariño y los diputados de Hagamos: Carlos Rejala y Tito Ibarrola.
La propuesta legislativa de elevar la expectativa de pena también tiene como objetivo evitar la pronta extinción de las causas, teniendo en cuenta que normalmente se abusa impunemente de las chicanas.