Debe rechazarse la “comilona” preparada en el Senado.

Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley “que reconoce, como compensación histórica”, beneficios a más de 15.000 extrabajadores de Itaipú, por un valor de 6,5 billones de guaraníes (940 millones de dólares). El dinero, por supuesto, no saldrá de los bolsillos de los 31 senadores irresponsables y populistas que aprobaron el proyecto. La tremenda comilona preparada en el Senado debe cancelarse en defensa de la ciudadanía, a la que el derroche y la corrupción agravian de continuo, ante la indiferencia o la complicidad de sus representantes.

Congreso rechazaron la misma pretensión en 2013. En otras palabras, el Senado no tuvo en cuenta los antecedentes judiciales ni los legislativos, en perjuicio del interés general y del buen sentido. Lo que ahora ocurre tiene mucho que ver con el calendario electoral, un factor decisivo a la hora de invocar cualquier disparate con tal de ganar el apoyo de algún grupo de presión: al senador Riera no se le ocurrió nada mejor que equiparar el proyecto de ley con la normativa sobre las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura, como si ellas fueran de la misma índole, pero en este caso se busca que el dinero público reemplace al privado que, en todo caso, debieron desembolsar en su momento las firmas contratistas y subcontratistas de obras, locadoras y sublocadoras de servicios, encargadas de construir la central hidroeléctrica. Por cierto, la responsabilidad solidaria desapareció con la Ley N° 1869/02, que aprobó un acuerdo por intercambio de notas reversales sobre relaciones laborales y seguridad social. La Unión Nacional de Extrabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha aspiraba en principio a que sus miembros cobren una suma equivalente a ¡¡¡dos mil millones de dólares!!!, pero tuvo a bien rebajar sus arbitrarios cálculos, acaso para que el regalo resultara algo menos escandaloso. La citada entidad puede estar muy satisfecha, ya que esa renuncia parcial y la presión ejercida fueron suficientes para convencer a unos senadores predispuestos más que nunca a exhibir una gran sensibilidad “social”. Por suerte, hay indicios sorprendentes de que no tendría la misma suerte con los diputados y hasta es probable que el presidente Mario Abdo Benítez, coincidiendo con la franca opinión del ministro Óscar Llamosas, ejerza su derecho al veto, si la vergonzosa iniciativa resulta sancionada. El sentido de responsabilidad y el buen criterio tienen que imponerse al costoso disparate en curso: basta con recordar las notorias carencias sanitarias o educativas para advertir el insulto que conlleva. La tremenda comilona preparada en el Senado debe cancelarse en defensa de la ciudadanía , a la que el derroche y la corrupción agravian de continuo, ante la indiferencia o la complicidad de sus representantes. No consumar el agravio implicaría que lo realmente “social” prevalezca sobre el interés económico de un grupo de presión, aliado con el político de unos legisladores que atentan contra el bien común. Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores aprobó un impresionante proyecto de ley de Enrique Riera (ANR), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), Gilberto Apuril (PPH) y Abel González (PLRA), “que reconoce, como compensación histórica, beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios en salud y educación, de la usina de Itaipú, margen derecha”. La compensación de unos 6,5 billones de guaraníes (940 millones de dólares) llegaría a 15.746 personas, de acuerdo a un censo hecho por un “grupo de trabajo interinstitucional” y presentado en 2021, cuya exactitud es tan incierta como el monto que debe corresponder a cada uno de los beneficiarios .En efecto, la entidad binacional objetó la inclusión de personas que no intervinieron en la construcción de la represa, pero los datos fueron aceptados a ciegas en la Cámara Alta, pues el dinero no saldrá de los bolsillos de los 31 senadores irresponsables y populistas. Desde ya, es presumible que algo de la jugosa suma termine en los bolsillos de quienes aboguen extraoficialmente por la sanción parlamentaria de la infeliz iniciativa, pero también que ella apunte a atraer los votos de los agraciados y sus familiares en los próximos comicios. Itaipú Binacional subraya que el Paraguay no podría pagar sin el acuerdo brasileño, que nunca tuvo un vínculo laboral con los extrabajadores y que el “reclamo injustificado e improcedente” ya ha prescripto. Esto último lo admitió el senador Fernando Lugo (FG), pero no pudo con su genio, así que recurrió al falaz argumento de que lo “social” no debe ser ignorado, como si no fuera más “social” que ese dineral sea invertido en la salud o en la educación públicas. Al respecto, el Ministerio de Hacienda, que tendría un mes para reglamentar los pagos, señala que la insensata medida implicaría que el Estado deje de recibir, durante al menos dos años, las compensaciones para las Gobernaciones y las Municipalidades por el territorio inundado, así como los recursos que financian el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Por tanto, quedarían afectados los presupuestos departamentales y municipales, lo mismo que los programas de infraestructura y equipamiento educativo, entre otros. La cuestión no es nueva, ya que las demandas judiciales fueron desestimadas hasta por la Corte Suprema de Justicia, en tanto que ambas Cámaras del