Doce gobernadores buscan lugares en el Parlamento
De los 17 gobernadores, doce permanecen en campaña proselitista rumbo al Congreso Nacional, algunos con muy cuestionadas administraciones. La mayoría son colorados y ahora buscan bancas en Diputados o el Senado.
Los colorados que siguen en carrera en busca de una banca en el Congreso Nacional son: Rubén Roussillón (FR), gobernador de Presidente Hayes, quien busca ser diputado, mientras continúa chicaneando dos juicios por supuesta malversación. Carlos Giménez (HC), gobernador de San Pedro, en campaña por la senaduría, tiene en su haber denuncias por posible malversación de G. 1.600 millones y por agresión. Carlos Baruja (HC), gobernador de Paraguarí, también aspira a una banca en el Senado. Su gestión fue cuestionada debido a posible uso desprolijo de fondos de emergencia covid-19.
Luis Benítez (HC), gobernador de Ñeembucú, continúa su carrera para obtener una banca en la Cámara de Diputados, al igual que Carlos Arrechea (FR), gobernador de Misiones. Fue denunciado por usar supuestamente recursos departamentales para hacer proselitismo.
Pedro “Pipo” Díaz Verón (HC), gobernador de Caazapá, quiere una banca en el Senado. Fue investigado por malversar aparentemente los fondos covid. Luego que el fiscal Osmar Legal allanara la sede departamental pasó al cartismo.
Juan Carlos Vera, gobernador destituido de Guairá, sigue en campaña por la senaduría. Los diputados lo destituyeron luego de que la Contraloría detectara una supuesta malversación de G. 18.500 millones en su gestión.
César “Tigre” Ramírez (HC), gobernador de Canindeyú, aspira una banca en Senado. También fue cuestionado por aparente malversación de US$ 2.000.000 de fondos covid, pero pese a los indicios, el Ministerio Público no lo investiga.
Domingo Adorno (FR), gobernador de Alto Paraguay, busca volver a Diputados pese a denuncias por posible lesión de confianza a causa de un aparente mal uso de fondos covid. Roberto González (HC), gobernador de Alto Paraná, busca ser senador y es investigado también por supuesta malversación de fondos covid.
Los azules que van detrás del mismo objetivo, son: Alejo Ríos (PLRA), gobernador de Caaguazú, quiere ser diputado. Ediles lo denunciaron por supuestamente malversar G. 4.000 millones. Édgar López (PLRA), gobernador de Concepción, busca ser senador. Fue denunciado por gastar aparentemente dinero público en proselitismo.
Se va el año y la fiscalía de Ña Frozen no movió un dedo sobre el clan Fretes. Ahí siguen campantes, pese al millón de pruebas.
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Pero según Ña Frozen, están haciendo una buena gestión. En la lujosa cena –que fue una bofetada a la sociedad que dicen representar– se autoelogiaron por la buena gestión gua’u. Hasta una plaqueta de reconocimiento recibió. ¡Imagínense!
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No faltaron los del “primer anillo”, encabezado por “Alcatraz” y compañía.
****** Obviamente el “Patrão” tampoco fue molestado, conste que el Gobierno de EE.UU. le declaró este año “significativamente corrupto”. Pero en Paraguay no tiene ninguna imputación al igual que “Toro”.
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Para quienes siguen creyendo que Sandra hace gua’u bien su trabajo, les contamos que varios allegados a la Casa España tampoco fueron molestados. ¿Qué tienen en común cinco políticos? Son gobernadores, denunciados por supuesta malversación de fondos y candidatos a senadores? Respuesta: forman parte del movimiento del “Patrão” y Santi Peña? Ergo: no están imputados.
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El 2023 debe ser el año del cambio en el país, de renovación real de autoridades. Ya no más “escombros” y empleados de un patrón que solo obedecen órdenes. Ya no más ciudadanos que solo quieren ingresar a la política para enriquecerse o beneficiar a un solo sector.
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Ya no más políticos que solo miren al Congreso como un aguantadero.
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Comienzan de nuevo los inadaptados a quemar los pastizales ocasionando un grave perjuicio. Mientras no se vayan presos seguirá esa “epidemia”.
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Esperamos cambios importantes en la Patrulla Caminera. No pueden seguir en las rutas algunos efectivos que se dedican al apriete. Y si les agarran a los extranjeros, les despluman.
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Una vergüenza cómo IPS le esconde a la ciudadanía la multimillonaria deuda que posee. Con total impunidad. Alguien debería animarse a ordenar un allanamiento.
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Los cotizantes, jubilados y familiares son los primeros interesados en conocer cómo marcha financieramente la previsional. Y nadie les hace caso.