Hacienda entregó G. 4,3 billones a los intendentes y gobernadores en 2 años
El Ministerio de Hacienda distribuyó a los 17 departamentos y a la capital del país un total de G. 4,3 billones en concepto de Fonacide durante los años 2021 y 2022. Sin embargo, ese dinero no se refleja en inversiones, pues el año lectivo comenzó con 12.
El Ministerio de Hacienda distribuyó G. 4,1 billones durante el 2021 en concepto de Fonacide, según el informe de la Contraloría General de la República (CGR) publicado en su portal (www.contraloria.gov.py). Entre los 17 gobiernos departamentales el erario distribuyó G. 941 millones y entre todas las municipalidades unos G. 3.085 millones, mientras que en el 2022 el monto total fue de G. 305.588 millones, siendo transferido a los gobiernos departamentales un total de G. 65.129 millones y G. 240.459 millones a los gobiernos municipales.
La suma concedida en ambos años señalados mediante el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) es de G. 4,3 billones.
Sin embargo, esa enorme cantidad de dinero no se refleja en inversiones de gran envergadura en el ámbito educativo, pues basta con mirar el relevamiento que hizo el Ministerio de Educación a principios de año que detectó 12.000 aulas en pésimo estado. El arreglo debía ser financiado con el Fonacide recibido. También parte de ese multimillonario monto debía ser usado en merienda escolar, pero casi a diario se denuncia la ausencia de alimentos en las escuelas.
Según el documento de la Contraloría, los departamentos con sus municipios que más dinero recibieron fueron los de Itapúa, Central y Alto Paraná (ver infografía). Las gobernaciones que más fondos acogieron fueron los colorados: Christian Brunaga, de Itapúa (G. 98.987.185.937); Carlos Arrechea, de Misiones (G. 98.987.185.937); Luis Benítez, de Ñeembucú (G. 98.987.185.937); Roberto González Vaesken, de Alto
Paraná (G. 42.611.426.741) y César Ramírez, de Canindeyú (G. 98.899.822.214).
Se detectó que 56 intendentes no comunicaron sus licitaciones para almuerzo escolar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pese a la obligatoriedad. En total G. 19.250.119.778 fueron adjudicados sin cumplir con las documentaciones. Se constató que 24 municipios no contaban con nombre de licitación (ID) afectando adjudicaciones por G. 10.856.428.526.