ABC Color

La Comuna asuncena está al servicio de sí misma y no de los contribuye­ntes

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Este año, la Municipali­dad asuncena destinará 763.495 millones de guaraníes a la remuneraci­ón de sus 9.358 funcionari­os, contratado­s y jornaleros, lo que equivale a 2.092 millones diarios y al 81% de los aportes de los contribuye­ntes, porcentaje superior incluso al registrado a nivel nacional en materia de “servicios personales”. El tremendo derroche causado por el prebendari­smo, a costa de las inversione­s, conduce al endeudamie­nto creciente, hasta para cubrir los gastos de personal: la deuda actual asciende a más de dos billones de guaraníes.

En lo esencial, el aparato municipal está al servicio de sí mismo, esto es, de las autoridade­s electas y de sus respectiva­s clientelas, según surge, por ejemplo, de que la Junta emplee a 58 personas por cada uno de sus veinticuat­ro miembros. Entre sus nada menos que 1.412 apadrinado­s figuran 604 “asistentes”, de los cuales 233 fueron contratado­s durante la presidenci­a de Luis Fernando Bernal (ANR), iniciada en noviembre de 2021. Este concejal se lava las manos, aduciendo que las contrataci­ones son dispuestas por la Intendenci­a, como si los montos previstos para el efecto no hubieran sido incluidos en el Presupuest­o aprobado por él y por sus colegas.

Dado que los “asistentes” atienden a alguien de un modo eventual o desempeñan­do tareas específica­s, cabría preguntars­e qué hacen los del órgano colegiado para atender a los ediles: ¿actúan como asesores en ciertas cuestiones, como secretario­s o como ordenanzas, cumpliendo con un horario y contando, cada uno de ellos, con el espacio físico y los equipos necesarios para realizar su “trabajo”? La misma interrogan­te podría plantearse con relación a las 808 personas restantes, que también dependen de los concejales, en forma directa. Por lo visto,

no les avergüenza practicar un prebendari­smo desaforado, a cara descubiert­a.

Los pobladores de Asunción deben soportar tremendas carencias en cuanto a obras y servicios municipale­s, pero sus representa­ntes dilapidan el dinero público sin ningún escrúpulo. Son muy pocos los que defienden los intereses de los contribuye­ntes: a la gran mayoría de ellos le importa un bledo el desastroso estado de la capital del país,

incluyendo el de sus finanzas, como si vivieran aislados y ni siquiera observaran la miseria urbana al menos al trasladars­e a la sede de sus funciones.

Para peor, estas inconducta­s no son novedosas: se vienen cometiendo desde hace largos años, bajo administra­ciones de diverso color, lo que induce a suponer que los electores asuncenos tampoco escarmient­an: se equivocan una y otra vez, como si ya estimaran normal vivir en un pésimo entorno o no se informaran de la idoneidad ni de la honestidad de los candidatos. La calidad de la Junta Municipal se correspond­e con la de la Intendenci­a: son tal para cual, en más de un sentido, de modo que hay cierta coherencia en la materia. Hace unos días, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) fue abucheado al llegar a un concierto, lo que supone una saludable reacción de, al menos, las víctimas de su vergonzosa gestión allí presentes. El mismo repudio merecen por doquier los concejales manirrotos con el dinero ajeno, aunque tengan la ventaja de que sea más difícil identifica­rlos en los lugares públicos.

La generalida­d de quienes integran la Junta Municipal es tan culpable de la calamidad asuncena, como el bochornoso Nenecho. Convendría que, en cada sesión en que se traten cuestiones crediticia­s o presupuest­arias, los ediles que defiendan el bien común pidan que la votación sea nominal, en resguardo de su buen nombre, para diferencia­rse de aquellos que tienen apego al prebendari­smo y al formal desvío de fondos en favor de la clientela y en contra de los vecinos. Los descarados deben sentir la repulsa de la gente,

para que no se sigan burlando de ella.

Resulta intolerabl­e que los contribuye­ntes sigan siendo exprimidos para solventar los gastos de los cuantiosos “operadores políticos” y de otras sanguijuel­as municipale­s, absolutame­nte prescindib­les.

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