Era viceministro y asesor de la firma del centro de monitoreo del billetaje
Víctor Sánchez, cuando asumió el cargo de viceministro de Transporte, seguía siendo asesor del consorcio responsable de instalar el centro de monitoreo del billetaje, el “cerebro” del transporte público. Pese al conflicto de intereses, no se desvinculó de
El 8 de abril de 2021, el presidente Mario Abdo Benítez designó como viceministro de Transporte a Víctor Omar Sánchez Chamorro en reemplazo de Pedro Britos.
Antes de ocupar el puesto de confianza del Ejecutivo, Sánchez se desempeñaba como técnico en el sector privado, y ahora, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) descubrió que le empleaba una empresa proveedora en un contrato clave para el Viceministerio de Transporte (VMT) y que se encontraba en plena ejecución.
Le empleaba el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, adjudicado en 2019 para la instalación y funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico –el “cerebro” del transporte público–, contrato valuado en US$ 3,9 millones.
El hallazgo se detectó ahora, dos años después de que haya fenecido ese contrato y tras una revisión de la DNCP sobre nivel de cumplimiento del mismo. La pesquisa se realizó ante la sospecha de un intento de compra de bienes que ya debería disponer el VMT con el citado contrato, ya que el exviceministro hizo otra convocatoria por casi US$ 1 millón para “obras complementarias”, a fin de 2022.
En el informe final difundido ayer, la DNCP consignó que Sánchez asumió el cargo de viceministro mientras prestaba servicio como profesional del consorcio y que no detectó ninguna evidencia documental de la desvinculación del mismo ni la designación de su reemplazo
o nuevo profesional en la empresa proveedora.
De hecho, Transporte debió facilitar los documentos en los cuales se consignen los nombres de Sánchez junto con otras dos personas –Diego Correa y Diego Alberto Barrera– como los profesionales exigidos para la ejecución del proyecto. Correa y Barrera no cumplen
con el perfil mínimo para el cumplimiento del servicio de especialistas, puntualizó además la DNCP.
Estas observaciones se encuentran en medio de una seguidilla de incumplimientos del contrato por parte del consorcio ETC, sobre inconsistencias entre los bienes existentes y lo asentado en actas de recepción, valuado
en G. 32 millones. Además, hay una diferencia entre la ejecución de las obras y lo constatado in situ, por G. 463 millones.
También se constató la falta de control y publicación de la ejecución en el portal de la DNCP.
Incluso, Transporte pagó más del monto oficialmente informado, pues en el llamado
figura que desembolsó G. 10.311 millones, pero en la revisión se detectó un total G. 18.615 millones.
El contrato fue iniciado por Britos –quien firmó adendas posteriormente anuladas por DNCP–. Luego, Sánchez tenía que ser el responsable del control y exigencias del cumplimiento, siendo “juez y parte”.