En la FADA intentaron cubrir a fantasmas, según fiscal
Autoridades de la Facultad de Arquitectura (FADA) de la UNA habrían intentado cubrir la existencia de funcionarios fantasma luego de saber que el caso se había denunciado. Es lo que señaló el fiscal Osmar Legal, quien analiza la responsabilidad penal del
El fiscal Osmar Legal, uno de los agentes encargados de investigar una presunta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), aseguró ayer que analizarán la responsabilidad penal desde el “decano hasta el último funcionario administrativo” ante las denuncias realizadas.
El jueves, una comitiva fiscal encabezada por Legal y Silvio Corbeta realizó un allanamiento en la FADA ante denuncias realizadas por los propios funcionarios. Actualmente, se investigan unos 10 a 15 funcionarios fantasma y también contratos directos con una empresa para la ejecución de obras que habrían realizado los propios trabajadores de la facultad.
Según detalló el fiscal Legal, entre las modalidades denunciadas figura la contratación de personas que no estaban cumpliendo ninguna función dentro de la facultad y, cuando esto fue denunciado, aparentemente hubo un “movimiento interno” en el intento de “cubrir” la situación irregular.
El fiscal indicó que estos funcionarios habrían comenzado a trabajar en la FADA recién después de la denuncia, haciéndoles firmar planillas de asistencia, mientras los demás trabajadores tienen sistemas de registro informatizados.
Legal señaló que realizarán una trazabilidad de los cobros, identificando “quién cobró, cómo cobró y ver el daño patrimonial en detrimento de la facultad”.
“A priori, los salarios son cerca de G. 2.900.000 y hay otros que son el doble. Inicialmente, la denuncia data de septiembre del año pasado, pero podríamos ir más atrás”, sostuvo.
El fiscal resaltó que su colega Corbeta allanó la empresa investigada por contratos directos con la FADA, “Enmanuel Ingeniería”. Encontró una despensa y la casa del propietario en el lugar.
En referencia a los contratos,
detalló que son por unos G. 150 millones, sin abrir licitaciones, es decir, sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por mantenimiento, obras o reparaciones, todo con “montos bastante interesantes”.
El decano, José Gregorio Insfrán, y el director administrativo, Luis Jiménez Prieto, serían imputados, había señalado Legal el día del allanamiento.