Fiscala pidió blanqueo de Friedmann y esposa por “pruebas insuficientes”
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del senador Rodolfo Max Friedmann (ANR) y su esposa, Marly Figueredo, alegando que no existen pruebas para sustentar una acusación.
El senador Rodolfo Max Friedmann Alfaro (ANR) fue acusado en junio de 2021 por el fiscal anticorrupción Osmar Legal por supuesto lavado de dinero, asociación criminal, administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima), en el caso merienda escolar en la Gobernación del Guairá.
También fueron acusados Marly Figueredo, esposa del senador; Silvio Alfaro, su primo; Lourdes González, contadora de la empresa Eventos y Servicios (ESSA) y Eduardo Domínguez, ex- funcionario de la institución departamental; por presunta asociación criminal y lavado de dinero, según la fiscalía.
Según la acusación fiscal, Friedmann Alfaro era parte de un esquema delictivo cuando fue gobernador del Guairá (periodo 2013-2018) y que, como tal, autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato para el suministro de la merienda escolar a las instituciones del departamento, con la firma ESSA que en ese caso él mismo dirigía y controlaba.
El monto del contrato y una adenda que Friedmann suscribió con la firma ESSA
fue por G. 16.154.525.200. En 2017, la Contraloría General informó que la empresa entregó el alimento escolar a las instituciones por el total del contrato.
Argumentos del “blanqueo”
Tras varias chicanas de las defensas, la audiencia preliminar se sustanció el 27 de abril de 2022 y, a pedido de la fiscal Victoria Acuña, quien fue asignada a la causa debido a la recusación de su colega Osmar Legal, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás dispuso el
sobreseimiento provisional de los procesados.
La fiscala argumentó que faltaban realizar diligencias como la pericia contable y la
extracción de datos de los celulares y una computadora de los coacusados.
En la audiencia preliminar del jueves 25 de mayo, Victoria
Acuña ratificó su postura al pedir que se reabra la causa a inicios de mayo: el sobreseimiento definitivo de todos los procesados.
Resaltó que se hicieron las diligencias pendientes, pero que la fiscalía no cuenta con pruebas que sustenten la comisión de hechos punibles.