Lento avance de comisiones de intervención en Diputados
A finales de la semana pasada se logró la conformación de las dos comisiones para dictaminar sobre el pedido de intervención a las municipalidades de Caapucú (Paraguarí), a cargo de Gustavo Penayo (ANR, HC) y Loma Grande (Cordillera), encabezada por José Vera Benítez (PLRA), proceso que había sido aprobado ya el 10 de mayo último.
Mediante resolución Nº 5372 de Diputados, se estableció que integrarán la Comisión Especial para Caapucú los diputados colorados oficialistas Ángel Paniagua y Éver Noguera; lo colorados cartistas Juan Carlos “Nano” Galaverna, Guadalupe Aveiro y
Esteban Samaniego; este último padrino político del intendente Penayo.
Por su parte, las diferentes bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) designaron a Ariel Villagra, Marcelo Salinas, Pastor Vera Bejarano y
Édgar Acosta.
Habrá que ver cómo se comportan los colorados, ya que en el caso de Caapucú, Penayo es repudiado por sus propios correligionarios en la Junta Municipal, que son los principales denunciantes de la presuntas irregularidades, entre las que se destacan presuntos malos manejos de
caudales recibidos del Fonacide y de royalties, por G. 1.661 millones, solamente durante el periodo 2021, y presuntos descuentos a funcionarios para la Caja de Jubilaciones, que habrían sido desviados para otros fines.
A esto hay que sumarle que la Junta Municipal rechazó el balance de la gestión 2022 de Penayo, por continuar con presuntas irregularidades.
Por otra parte, también se integró la Comisión Especial para la intervención de la gestión del liberal Vera Benítez en Loma Grande, que es acusado por la mayoría colorada de la Junta por supuestas adjudicaciones sin concurso por G.
322.500.000 y desembolsos por G. 235.038.078, sin aval de la Junta.
Analizarán aquel caso los diputados colorados oficialistas Hugo Ibarra y Hugo Ramírez; los cartistas Blanca Vargas, Hernán Rivas y Miguel Del Puerto.
Por parte del PLRA, fueron designados Emilio Pavón, Édgar Ortiz, Roya Torres
y Jorge Ávalos Mariño.
Según establece la Ley Nº 317/1994 sobre el proceso de intervención, estas comisiones tendrán 15 días para emitir un dictamen. Con ese dictamen, por simple mayoría, el pleno de la Cámara de Diputados podrá disponer o rechazar la intervención.