CGR detectó que 56 intendentes no comunican sus licitaciones a la DNCP
Según la Contraloría General de la República (CGR), durante los años 2021 y 2022, 56 intendentes no informaron sobre sus licitaciones para provisión de alimentos a escolares a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tal como exige la ley. El importe total de las citadas adjudicaciones sin supervisión adecuada fue de G. 19.250 millones.
Según el informe de la Contraloría General de la República, esos 56 intendentes (Ver infografía) violaron la ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y también incumplieron lo que se establece en la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, en los artículos 209 y 210 que garantizan la transparencia y el acceso del público a las informaciones municipales.
Además, las disposiciones legales citadas en el párrafo precedente significan claramente que la difusión de las compras públicas a través del portal de la DNCP es obligatoria para todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades y gobernaciones, y se realizan de manera que los oferentes interesados y la ciudadanía en general puedan conocer y hacer el seguimiento a las licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas en todas las etapas, desde la programación, la convocatoria o llamado a contratación y finalmente la adjudicación.
El monto total de las contrataciones que se escondió (puenteó) del control de Contrataciones Públicas y de los contribuyentes es de G. 19.250 millones, en 2021 y 2022. La mayoría de los jefes municipales que cometieron esas faltas distribuyeron kits de alimentos durante el 2021, año de las clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus y alimentos cocinados en las escuelas durante el 2022.
En su informe, la Contraloría también detectó que muchos intendentes no realizan una revisión adecuada del control de calidad de los alimentos que son entregados a los niños, por lo cual se puso en riesgo la salud de los estudiantes. Se descubrió además que muchos alimentos tenían precios sobrefacturados y el tamaño de la ración era menor al pagado.
Asimismo, se constató que las empresas adjudicadas no eran las mismas firmas que entregaban los almuerzos escolares (¿subcontratadas?).