Pobladores no deben permitir que el Fonacide siga engordando a corruptos
La Contraloría General de la República (CGR) informó que, en 2022, nueve intendentes no invirtieron un solo centavo del total de 7.351 millones de guaraníes que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para mejorar la infraestructura de las escuelas y los colegios de sus respectivos municipios. De ser así, ahora corresponde que el citado órgano denuncie la presunta malversación de fondos ante el Ministerio Público o que este intervenga de oficio ante un eventual hecho punible de acción penal pública, que no tendría nada de insólito: ocurre que la gestión de los recursos del Fonacide, tanto por parte de intendentes como de gobernadores, ha estado marcada por la corrupción impune, desde que fue creado por ley en 2012.
En los últimos dos años, las 17 Gobernaciones y las 263 Municipalidades recibieron del Fonacide, a través del Ministerio de Hacienda, nada menos que 4,3 billones de guaraníes, pero resulta que el actual año electivo empezó con doce mil aulas en pésimo estado, cuyo arreglo debía ser financiado con ese dinero, parte del cual debía ser destinada también al financiamiento de la merienda escolar, también objeto de múltiples quejas. Dada la experiencia, se podría pensar que esos recursos han venido sirviendo menos para crear un entorno físico apropiado para la enseñanza y el aprendizaje de alumnos bien nutridos que para engrosar los bolsillos de las autoridades municipales y departamentales corruptas, a vista y paciencia de la población local. Hasta la fecha, la descentralización de la ejecución de esos fondos no ha contribuido a la eficiencia y a la honestidad, sino más bien a la expansión de la podredumbre hacia el interior del país, a costa del presente y del futuro de las nuevas generaciones.
Como el Ministerio de Educación y Ciencias ya no monopolizaría la ejecución de los fondos, se estimó que la intervención de las administraciones locales o departamentales transparentaría los procedimientos y permitiría un mayor control ciudadano. En efecto, ¿quiénes podrían estar más interesados que los padres en que sus hijos asistan a centros educativos bien construidos y equipados,
haciendo un seguimiento de las actuaciones gubernativas con los medios de participación ciudadana previstos en la Ley Orgánica Municipal? Sin embargo, es de lamentar que, salvo las excepciones de rigor, la población no se ocupa de averiguar qué se hace con los recursos del Fonacide y hasta es probable que la mayoría de ella ignore su existencia, pero no así que ciertas autoridades locales aumentan notablemente su patrimonio en poco tiempo. Sería muy fácil para los pobladores conocer cuánto se destina a sus localidades y hacer el seguimiento del uso de esos fondos. Al no hacerlo, son también responsables del despilfarro y de hecho se convierten en cómplices de la corruptela.
La CGR se limita a esperar que las Municipalidades y las Gobernaciones informen anualmente sobre lo ejecutado, algo que no siempre ocurre: la sanción consiste solo en que ellas ya no dispongan de nuevos fondos, con lo que resultan perjudicados los alumnos y no los negligentes, por decir lo menos, que pueden tener algo que ocultar. El órgano contralor no puede efectuar un control simultáneo en cada uno de los municipios y los departamentos: esa tarea cotidiana deben asumirla los pobladores, en beneficio de sus hijos y del país, sin confiar en que los concejales se ocupen de ella, por la simple razón de que suelen estar confabulados con el intendente o el gobernador. Quienes malversan fondos públicos deben estar entre rejas, como sostuvo hace poco el ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate,
al referir que el Banco Mundial habla de un déficit de 1.100 millones de dólares en infraestructura.
Es de esperar que el Ministerio Público y la Justicia apliquen la ley para poner fin a un latrocinio repugnante, en perjuicio directo de niños y jóvenes de las familias de menores ingresos, que se ven obligados a asistir a clases bajo un árbol o de un local derruido, corriendo el riesgo de que el techo de un aula de desplome por culpa de unos canallas a sueldo de los contribuyentes.