Se reforzaron controles luego de lo ocurrido en San Cristóbal
Lo sucedido con la cooperativa San Cristóbal, una de las entidades emblemáticas y con mayor cantidad de asociados en su momento, sacudió el sistema cooperativo nacional dejando entrever debilidades en los controles antilavado y fragilidades administrativas.
La intervención del Incoop a esa entidad detectó millonarios créditos fuera de los límites que fueron otorgados a allegados de quien fuera su presidente, el entonces diputado Juan Carlos Ozorio (ANR), imputado y preso por cargos de asociación criminal y narcotráfico en el marco del operativo “A Ultranza Py”.
Según detalló el presidente del Incoop, Pedro Loblein, luego de más de un año de esa crisis que afectó a San Cristóbal y a otras entidades, el ente regulador que dirige ha reforzado los controles y
exigencias en cuanto a la presentación periódica de informes y fiscalizaciones. Añadió que las propias entidades se muestran interesadas en cooperar y asesorarse para mejorar los sistemas preventivos.
“Se están haciendo las remisiones de informes y apenas cumple el mes ya estamos exigiendo el cumplimiento
de los informes y dentro del proceso normal tenemos varias cooperativas que están siendo fiscalizadas en este momento no por problemas puntuales sino de manera preventiva”, refirió.
Pedro Loblein reconoció que las crisis en la Cooperativa San Cristóbal y otras entidades, que ocurrieron durante el primer trimestre
del año pasado, indiscutiblemente tuvieron su impacto en el sistema cooperativo, lo cual se evidenció en un estancamiento de los ahorros en la primera parte del 2022.
Sin embargo, en el transcurso de los meses la situación fue estabilizándose y ya se observa un mejoramiento en los indicadores tanto de los depósitos de ahorros como en los créditos, según puntualizó, lo que sigue reflejando la fortaleza
del sector cooperativo en el sistema financiero nacional.
Bajo vigilancia focalizada
Cabe mencionar que la Cooperativa San Cristóbal se encuentra aún dentro de un proceso de vigilancia focalizada, donde se han establecido parámetros de mejoramiento en la gestión administrativa para la recuperación de créditos, disminución de la morosidad y otros.
Al término de la intervención, la entidad ya reportaba
una tasa del 30% de morosidad en su cartera y actualmente esta tasa viene en aumento en 36%, muy por encima del promedio del sector cooperativo que ronda entre 8% y 9%.
En cuanto a los créditos concedidos irregularmente por el Consejo de Administración que era dirigido por Ozorio, estos tienen una mora muy superior, por encima del 60%, según los detalles de la memoria de la cooperativa del 2022.