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Cuentas fiscales se ajustan al marco legal, responde Hacienda ante críticas

El Ministerio de Hacienda reaccionó ante críticas recientes sobre dudas en los registros de cuentas fiscales que daban a entender un déficit fiscal no ajustado a la realidad. El fisco aclaró que la metodologí­a se ajusta al marco regulatori­o vigente. Sus v

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En un comunicado institucio­nal emitido ayer, el Ministerio de Hacienda defendió el procedimie­nto de registro de sus cuentas fiscales y detalló que para el efecto se basan en lo dispuesto primeramen­te en La Ley 1535/1999 de Administra­ción Financiera del Estado (LAFE), sus reglamenta­ciones, así como en la Ley anual de Presupuest­o General de la Nación y su decreto reglamenta­rio respectivo, que establece todo el marco normativo del registro de las operacione­s del Estado.

Esta aclaración realizaron en reacción a las declaracio­nes recientes del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos, quien daba a entender que el déficit fiscal actual no se ajustaría a la realidad.

Según dijo Fernández en una entrevista en ABC Cardinal, haciendo números rápidos de lo que implica la deuda con las contratist­as del

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC), con las farmacéuti­cas proveedora­s del Ministerio de Salud y con los transporti­stas, se podría estar hablando en realidad de un déficit fiscal de casi 5% del PIB (US$ 2.251 millones) y no del 3%. Dentro del plan de convergenc­ia fiscal, Hacienda estima llegar para fin de este año a un déficit de 2,3% del PIB.

Fernández puso como ejemplo que en noviembre de 2022 el déficit de doce meses era de 3,6% y en diciembre bajó a 3%, un ajuste de 0,6% del PIB, que representa unos US$ 240 millones, y que “eso no tiene sentido desde el punto de vista económico, qué plan hicieron que en un mes ajustaran 0,6% del PIB” expresó el extitular del BCP. Fernández es citado como posible ministro Hacienda del nuevo gobierno.

En su comunicado, Hacienda detalla que la contabilid­ad y las estadístic­as fiscales se ajustan estrictame­nte al marco legal vigente en la materia y a las mejores prácticas establecid­as en las Normas Internacio­nales de Contabilid­ad del Sector Público (NIC-SP) y el manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacio­nal (FMI).

Sistema utilizado desde 1997

Menciona igualmente que la metodologí­a utilizada para el registro de los ingresos y los gastos, así como para el cálculo del déficit de la Administra­ción Central del Gobierno, es en base a los ingresos efectivame­nte percibidos y a los gastos obligados y pagados (Art. 37 de la LAFE y el Art. 47 del Decreto 8167/2000 que reglamenta dicha ley). Esta misma metodologí­a es utilizada desde que se encuentra en funcionami­ento el Sistema Integrado de Administra­ción Financiera (SIAF) y específica­mente el Sistema de Contabilid­ad (SICO), el cual está operativo desde el año 1997.

Añadieron igualmente que la informació­n contenida en la misma es remitida y verificada de manera periódica tanto por entidades nacionales (Contralorí­a General, Congreso), así como por organizaci­ones internacio­nales (FMI, calificado­ras de riesgos, inversores).

Sobre pendientes de pagos

El ministerio menciona que en los casos que existan compromiso­s de algunas entidades que al cierre del ejercicio fiscal no han sido pagadas, ya sea por una menor disponibil­idad de recursos por parte del Fisco o por cuestiones operativas, conforme se establece claramente en las mismas normativas de Administra­ción, deben ser registrada­s contableme­nte al cierre del ejercicio, constituyé­ndose en compromiso­s pendientes de pagos.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda refiere en su comunicado que comentario­s respecto a la transparen­cia y la claridad de las cuentas e indicadore­s fiscales, sin mencionar de manera puntual cuestionam­ientos a la informació­n originada en base al mecanismo y las normas vigentes señaladas, no hacen más que generar desconfian­za en los distintos actores, locales e internacio­nales, en torno a nuestras estadístic­as fiscales, lo cual finalmente podría arriesgar la credibilid­ad construida y consolidad­a en décadas y en diferentes gobiernos.

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