Avanza el año escolar y los niños de siete municipios siguen sin almuerzo
Pasaron tres meses del inicio del año lectivo 2023 y siete municipalidades del Alto Paraná no iniciaron el proceso de licitación para la contratación del servicio de almuerzo escolar, por lo que la provisión llegará a los alumnos con excesivo retraso. Las
CIUDAD DEL ESTE (de nuestra redacción regional).
El 20 de febrero comenzó el año lectivo 2023 en todas las instituciones educativas públicas del país y de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el almuerzo escolar debe llegar a los alumnos desde el primer día de clases. En casi todos los 22 municipios del Alto Paraná eso no ocurrió.
Solamente las municipalidades de Ciudad del Este, Minga Guazú y Santa Rita abrieron la convocatoria para la adquisición del servicio a finales del año pasado, pero igualmente el almuerzo llegó con semanas de retraso.
Se están por cumplir cuatro meses del comienzo del año escolar, sin embargo hay un grupo de siete municipalidades que aún no iniciaron el proceso para adjudicar el contrato para el suministro de comida.
De dicho total, cinco administraciones ya recibieron las transferencias del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) correspondiente al primer cuatrimestre de este año, según un informe del Ministerio de Hacienda. De los recursos recibidos, el 50% debe ser usado en obras, 30% en almuerzo escolar y 20% en otros proyectos.
Los dos restantes no pudieron
acceder a los fondos, debido a que no presentaron a tiempo la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2022.
La municipalidad de Santa Rosa del Monday, administrada por María Victoria Salinas (ANR-HC), de enero a abril recibió G. 170 millones; la de Domingo Martínez de Irala, a cargo de Derlis Benegas (ANR-FR), G. 160 millones; Iruña, gestionada por el intendente Arnaldo Mensch (PPQ), G. 164 millones.
Ni proyectaron
De acuerdo con el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las comunas mencionadas tampoco tienen planificado realizar el llamado a licitación, a diferencia de Yguazú, cuyo intendente Mauro Kawano (ANR-HC) proyectó licitar el servicio en abril último, pero
no abrió la convocatoria. Yguazú ya recibió G. 187 millones en concepto del Fonacide.
En esa misma situación se encuentra el distrito de Juan E. O’Leary, administrado por el intendente Everaldo Acosta (PLRA). El ítem de almuerzo escolar figura en el apartado de planificación, con apertura del llamado a
licitación prevista para febrero, pero no se cumplió. En este caso la transferencia, según Hacienda, suma G. 260 millones.
En los casos de Raúl Peña, administrada por el intendente Gustavo Cano (PLRA); y San Alberto, a cargo de Carlos Ramírez (ANR-HC), no recibieron los recursos, de acuerdo al reporte
del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, Ramírez negó que no hayan rendido cuentas y aseguró que tuvieron acceso a las transferencias del Fonacide.
Otras municipalidades que licitaron de forma tardía este año son Presidente Franco, cuyo intendente es Roque Godoy (PLRA); Juan León
Mallorquín (Elvio Coronel, Independiente) y Santa Fe del Paraná (Fátima Doerner, ANR-HC). En estos casos ya cuentan con la adjudicación correspondiente, según la DNCP.
Escasos días de provisión
También se encuentran aquellos distritos donde las administraciones municipales realizaron el proceso licitatorio en el 2022 de forma plurianual, por lo que el servicio se extiende hasta el actual periodo escolar, pero tiene un detalle negativo: programan escasos días de provisión.
Por ejemplo, en Hernandarias, el intendente Nelson Cano (ANR-HC) previó distribuir el complemento nutricional apenas 90 días; en Naranjal, Edoard Schaffrath (ANR-HC), 89 días; en Tavapy, a cargo de Teófilo Báez (ANR-HC) repartirán por 62 días y en Minga Porã, la intendencia gestionada por Clementino Portillo (PLRA), solo entregará almuerzo por 52 días.
En estos casos, los jefes comunales habían argumentado ante el MEC que no contaban con recursos suficientes para completar los días exigidos. En general es lo que esgrimen los intendentes para justificar que no realizan la distribución en tiempo y forma.