Confirman condena contra El padrillo republicano
El Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de un año y seis meses, con suspensión, para Hirán Delgado, alias El padrillo republicano (ANR), por denigrar la memoria de un muerto. El querellado por la senadora electa Celeste Amarilla (PLRA) no irá a la cárcel, pero deberá cumplir varias reglas por dos años. Tampoco pagará el monto requerido.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Cuarta Sala ratificó la condena a un año y seis meses, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, dictada en primera instancia contra Hirán Delgado Puentes, quien se hace apodar El padrillo republicano.
Fue en el marco de la querella promovida por la diputada y senadora electa Celeste Amarilla por denigrar la memoria de su esposo Franklin “Anki” Boccia.
Delgado Puentes deberá cumplir ciertas normas de conducta por el plazo de dos años, como la prohibición de salir del país, no cambiar de domicilio, presentarse a firmar cada mes el libro de comparecencia y la prohibición de
realizar actos de la misma naturaleza de los hechos punibles que han sido juzgados.
En caso de incumplimiento de estas normas de conducta, será revocada la suspensión a prueba de ejecución de la condena. Así, el Tribunal de Apelaciones ratificó la sentencia del Tribunal Unipersonal.
Además, la diputada liberal Celeste Amarilla, quien planteó la querella por denigrar la memoria de un muerto, había pedido una compensación de G. 100 millones, pero el Tribunal Unipersonal no hizo lugar a dicho pedido.
El padrillo tuvo dos juicios en el caso de Celeste Amarilla. En el primer juicio fue condenado a dos años y seis meses,
un tribunal de apelación anuló ese fallo y ordenó un nuevo juicio.
En el segundo juicio el juez Víctor Medina dictó la condena a un año y seis meses que fue apelada nuevamente y ahora queda firme.
El Padrillo Republicano fue demandado por una serie de audios en donde lanzaba acusaciones contra varios políticos, una de ellos fue la diputada Celeste Amarilla.
En uno de esos audios en cuestión, Delgado acusaba a la legisladora y a su esposo –ya fallecido– de delitos como robo al Estado.