En nuevo Congreso, legisladores no deben seguir burlándose del pueblo
El último 30 de abril, veintidós de los ochenta diputados fueron reelectos como tales, en tanto que diez pasaron a ser senadores; de entre los cuarenta y cinco de estos, trece fueron reelectos en igual carácter. Es de esperar que al menos el desempeño de los congresistas neófitos se distinga del de los actuales, empezando por el relativo al deber de asistir a las sesiones plenarias y a las de las comisiones asesoras permanentes.
Ni la Constitución ni los reglamentos internos de ambas Cámaras exigen que, durante todo el periodo legislativo, expongan alguna opinión o presenten un proyecto de ley, de resolución o de pedido de informes, de modo que muchos suelen culminar el periodo legislativo de cinco años sin abrir la boca o presentar alguna iniciativa, pero se espera que al menos asistan a la sede de sus funciones una vez por semana y que permanezcan allí hasta que todos los puntos del orden del día sean discutidos y votados. Conste que, hoy por hoy, los senadores ni siquiera deben hacer acto de presencia, dado que pueden sesionar telemáticamente desde la tranquilidad de sus respectivos hogares, como si persistiera el estado de
emergencia sanitaria.
En verdad, no es mucho lo que se les pide a quienes ganan 32 millones de guaraníes mensuales sin tener que renunciar a sus actividades profesionales, vacacionan desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo, gozan de un envidiable seguro médico privado, suelen hallar un pretexto para viajar al exterior con todos los gastos pagos y, por disposición constitucional, están protegidos por una inmunidad que les permite, eventualmente, escapar de la Justicia si venden sus votos o se dedican al tráfico de influencias, entre otros delitos comunes, en más de un sentido.
Los parlamentarios no necesitan ser idóneos, quizá porque se supone que el pueblo sabrá elegir a los mejores candidatos, pero lamentablemente esto no es así. Pese a que desde julio del año pasado ya no disponen de cupos de combustible, es indudable que los legisladores no son como el común de los ciudadanos, según la inolvidable constatación del exdiputado liberal Carlos Portillo. Empero, se espera que tengan la decencia de cumplir con su deber de representarlos con dignidad, aunque más no sea permitiendo que las sesiones tengan el quorum debido y levantando la mano o pulsando un botón en el momento oportuno. La Constitución dice que cada Cámara debe dictar su propio reglamento y que, por mayoría de dos tercios, puede “amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta”. Esta norma casi nunca ha sido aplicada, como si las repetidas ausencias injustificadas no implicaran un comportamiento harto reprochable.
El reglamento de la Cámara de Diputados se limita a castigar con 600.000 guaraníes a quienes falten a tres sesiones consecutivas o alternadas y con 300.000 guaraníes a los que se ausentan dos veces antes de concluir una sesión: estas sanciones –no incluidas en el documento publicado en la página web del órgano colegiado– fueron aplicadas solo siete veces por el anterior presidente, Pedro Alliana (ANR); el actual, Carlos María López (PLRA), prometió castigar a los remolones, algo que aún no ha ocurrido, aunque las ausencias sigan siendo frecuentes. En julio de 2022, la diputada Kattya González (PEN) propuso modificar el reglamento interno, para que el ausente sin justificación documentada durante tres sesiones consecutivas o cinco alternadas en el curso de un año, sea suspendido en el ejercicio del cargo, sin goce de dieta, durante sesenta días, debiendo ser reemplazado por el suplente; parece un chiste, pero el proyecto de resolución no ha sido estudiado ¡¡¡por falta de quorum!!!, entre otras cosas.
En este periodo, ningún senador fue sancionado por ignorar su deber –no solo moral– de retribuir la confianza ciudadana, al menos con su presencia física o virtual en su lugar de “trabajo”, pese a que el reglamento interno dice que quien falte sin causa justificada pierde el derecho a la dieta correspondiente a las sesiones en que brilló por su ausencia. Los parlamentarios no pueden quejarse de que están recargados de trabajo ni sostener que, por ende, necesitan holgar a menudo para recuperar fuerzas. Fueron elegidos para servir a sus conciudadanos, sancionando leyes y controlando a los otros poderes del Estado; su ausencia injustificada supone un notorio desprecio a los electores, y el cobro indebido de la dieta íntegra, algo parecido al delito de exacción.
Si bien muchos fueron reelegidos y otros más pasarán de la Cámara Baja a la Alta –seguramente con sus respectivos vicios–, es de esperar que, a partir del próximo 1 de julio, los diputados y los senadores concurran a las sesiones y permanezcan en ellas, es decir, que justifiquen sus notorios privilegios ocupándose de las inquietudes de quienes los financian con el pago directo o indirecto de impuestos, trabajando so pena de que sus ingresos regulares se vean reducidos. En otras palabras, se aguarda que la desvergüenza no siga reinando en las Cámaras renovadas, incluso bajo la forma de la vulgar rabona.