El juez Otazú detalla otras inconsistencias encontradas
El juez penal de Garantías Humberto Otazú explicó los argumentos que lo llevaron a resolver la suspensión de la sospechosa licitación del IPS para lavado y planchado de ropas, para un plazo de 10 años y por un monto global de G. 484.855 millones, unos US$ 67 millones . El magistrado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por asociaciones de trabajadores y de jubilados de la previsional.
Otazú comentó que al ser solicitado el recurso se argumentó la supuesta violación de la carta orgánica de la previsional. Se solicitó un informe al IPS sobre dicho proceso, a lo que la institución respondió justificando la licitación con un memo, el cual presenta varias “inconsistencias”, dijo.
Señaló que una de las irregularidades es que el IPS alega que debe adquirir lavarropas especiales porque las que tenía están deterioradas, pero la previsional no presentó un documento técnico que respalde esa afirmación, refirió.
Dijo que el IPS menciona en su contestación que las máquinas deterioradas serían redireccionadas a otras dependencias. Expresó que entonces surge la incógnita de si esos equipos se encuentran inutilizables o no. “Si funcionan, entonces ¿para qué se necesita (contratar nuevo servicio)?”, preguntó.
Otra de las cuestiones llamativas es que la licitación amplió el período de explotación de 5 a 10 años. No existe un informe técnico-financiero que respalde la extensión del período de contrato, según el juez. Tampoco se especifica cuál será el rubro utilizado para solventar la licitación.