Instan al Ejecutivo a que remita la intervención de Pto. Casado
Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio del Interior que “descongele” y remita a la Cámara Baja el pedido de intervención de la gestión del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, Fuerza Republicana), quien ya fue imputado por la Fiscalía.
Según los legisladores, el ministro del Interior, Federico González, tiene en el “freezer” desde el 1 de diciembre del año pasado el primer pedido de intervención y un segundo reclamo, presentado el 23 de mayo último, pese a la Ley N° 317/94, que establece seis días como plazo máximo para la remisión a la Cámara de Diputados el pedido una vez ingresado al ministerio.
La Junta Municipal de Puerto Casado viene denunciando desde el año pasado manejos desprolijos que hace Adorno, quien incluso se compró una camioneta Mitsubishi tipo L200 Triton Sport 0 km, modelo 2022, con dinero municipal y puso a su nombre, por lo cual fue denunciado y fue imputado por el fiscal Luis Piñánez, quien pidió informes a la firma de donde se adquirió el rodado. Nipon Automotores SA remitió el contrato de compraventa de la lujosa camioneta en la que es Hilario Adorno el que aparece como comprador a título personal, no en representación de la Intendencia casadeña. Asimismo la Oficina Registral del Registro del Automotor confirmó también que el vehículo estaba registrado a nombre de Hilario Adorno.
Los ediles también ya rechazaron la rendición de cuentas de Hilario Adorno y se ratificaron en el uso indebido de los recursos municipales. Además, en varias ocasiones una comitiva de ediles llegó del lejano pueblo chaqueño, para instar a los diputados investigar la gestión de Adorno, quien es hermano del diputado electo Domingo Adorno (ANR, cartista). Los concejales indicaron que el perjuicio patrimonial a la municipalidad rondaría los G. 400 millones en “cheques sin fondo”, así como varios “juicios ejecutivos por pagarés sin fondo”, todos expedidos a nombre de la municipalidad.
Adorno también aparece
en el informe de la Contraloría General como uno de los intendentes que no cumplió con el uso correcto de Fonacide.