Rol ciudadano es clave para lograr transparencia
La transparencia gubernamental es clave para combatir la corrupción, pero para su materialización, la ciudadanía cumple un rol protagónico con la participación y empoderamiento. Así lo afirmaron ayer, en el congreso sobre acceso a la información organizad
El Ministerio de Justicia (MJ) desarrolló ayer el congreso “Desafíos y Avances del Acceso a la Información en el Combate a la Corrupción”, en el Centro Cultural Paraguayo-Japonés (CCPJ). Participaron especialistas locales en el ámbito, así como de México y Colombia, quienes compartieron sus experiencias.
Mario Ovelar, director de Acceso a Información Pública (AIP) del MJ, comentó que la transparencia gubernamental es clave para combatir la corrupción. De hecho, se trata de un derecho constitucional que se materializa con la Ley N° 5282 de Acceso a Información Pública y con el portal unificado a AIP. “La ley y el portal son los instrumentos que la ciudadanía dispone para poder ejercer su derecho a informarse, estipulado en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Sin embargo, todavía hay desafíos en el cumplimiento por parte de las instituciones”, reconoció.
Francisco Alcaraz, de Fundación Cird, destacó que el Derecho a la Información rige hace 31 años, pero recién hace 8 años que la gente dispone de la tecnología para poder gestionar sus pedidos de AIP. “Si la ciudadanía no se apropia del derecho de manera práctica, no se puede combatir la corrupción. Sin la ciudadanía, el artículo 28 es letra muerta”, recalcó.
Añadió que la buena práctica ciudadana de ejercer el rol de contralor debe extenderse. A modo de ejemplo, se refirió al transporte público, en el que los usuarios tienen derecho a conocer el cálculo del servicio y los costos, pues hay sospechas de que están inflados.
Por su parte, Raúl Quiñónez, del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), destacó que la mejor práctica que dispone el país en el ejercicio del combate a la corrupción es la posibilidad de exigir reportes a los Poderes del Estado. Opinó que hay “un antes y un después” de la vigencia de la
Ley N° 5282, en 2015. “Es exponencial la cantidad de casos de corrupción que se ventilan. La mejor política pública es esta”, dijo.
Aún hay mucho para mejorar en AIP
Admitió, no obstante, que “hay algunas cosas que pueden ser mejoradas y son perfectibles”.
“La transparencia llegó para quedarse y mostrarnos que el Estado no es solamente para aquellos que lo gestionan, sino para que los ciudadanos conozcamos cómo lo gestionan”, dijo.
Por otra parte, observó que en materia de rendición de cuentas hay avances, pero en las instituciones aún no se encuentra internalizado lo que implica ese concepto. “La rendición de cuentas tiene tres etapas. Una es contar qué se hizo; dos, cuánto costó ese trabajo y, tercero, cuáles fueron los resultados de ese trabajo y de esa inversión”, explicó. Indicó que existen falencias en ese tercer eslabón.
Sandra Sandoval Corchado, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, también se refirió sobre la rendición de cuentas y que ese reporte no implica solo que las autoridades expongan lo que les gustaría informar. Sino que implica brindar datos útiles para la ciudadanía.
Adriana Muñoz, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Colombia, mencionó que la UNODC tiene como estrategia global combatir la corrupción y transparentar la información.
En lo que respecta a Paraguay, si bien tenemos la ley de AIP desde 2015, las instituciones no siempre responden en tiempo y forma al pedido ciudadano. De hecho, recientemente el gremio Opama, de pasajeros organizados, tuvo que recurrir a un amparo para conocer información sobre transporte público en el Área Metropolitana.