Se debe desactivar la “bomba de tiempo” de la Caja Fiscal
Mientras las autoridades del país están sometidas al capricho y las vendettas de los personajes del poder de turno, los responsables de la conducción del Ejecutivo y el Legislativo han dejado de lado uno de los temas de mayor preocupación para el futuro de la República del Paraguay: la reforma de la Caja Fiscal. Los resultados dados a conocer recientemente sobre el desempeño de este sector son alarmantes debido a que en apenas dos meses el saldo negativo cubierto con el impuesto pagado por los contribuyentes ascendió a 47 millones de dólares. Una proyección lineal nos aventura que el presente ejercicio podría cerrar con más de
300 millones de dólares de déficit.
Al inicio del mandato del presidente Santiago Peña, los responsables de la conducción económica se habían manifestado en diferentes oportunidades respecto a las prioridades en materia de reformas de normativas y regímenes vinculados al sector. Por ello, por ejemplo, bajo ese discurso el cartismo en el poder atropelló todos los procedimientos e impuso su aplanadora en el Congreso para obtener la ley que crea
la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que por cierto hasta ahora no ha sido integrada y por lo tanto no está en funcionamiento.
Lamentablemente el poder hegemónico, que ha copado prácticamente todos los poderes del Estado y las instituciones extrapoder, ha impuesto otras prioridades en la agenda país desaprovechando el momento oportuno (este tipo de reformas siempre es más recomendable al inicio de un mandato presidencial) y una mayoría cómoda que ahora presenta algunas grietas. Es así que a siete meses del inicio del nuevo Gobierno, el tan mentado proyecto de ley no ha aparecido y lo más probable es que quede en el olvido, considerando que se trata de un tema áspero que generará protestas y numerosas críticas en su propia clientela política.
La denominada Caja Fiscal es apenas un programa presupuestario incluido en la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente paga beneficios a un total de aproximadamente 74.000 beneficiarios entre jubilados y pensionados. El ejercicio 2023 cerró con un agujero de 156 millones de dólares, una cifra maquillada debido a que si se tomaran los aportes del Tesoro realizados a la Caja en concepto de cargos vacantes, en realidad
la pérdida de este sector cerró en 246 millones de dólares en el último año.
Concentrar fuerzas en la mejora de este sistema se hace urgente por diferentes motivos. La última gran reforma a través de la Ley N° 2345 data del año 2003 durante la Administración del presidente Nicanor Duarte Frutos con su ministro de Hacienda Dionisio Borda. Con un aumento de los aportes de los funcionarios y el recorte de numerosos beneficios insultantes para una ciudadanía sacrificada, el proceso logró revertir un preocupante déficit en un suculento superávit que al ejercicio 2012 había alcanzado 259 millones de dólares.
Sin embargo, la irrupción del populismo parlamentario y la emisión de resoluciones judiciales han perforado este sistema hasta revertir el saldo, cuando en 2015 por primera vez, luego de sacrificados logros, se cierra el año con un saldo de pérdidas de 9,6 millones de dólares. Nadie imaginó lo que se venía. A partir de allí en los últimos 8 años el Tesoro Público ha tenido que sacrificar 900 millones de dólares de los impuestos para cubrir los saldos negativos anuales crecientes. Regímenes especiales aprobados en el Legislativo a favor de enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos, sicólogos, algunos sectores docentes, Patrulla Caminera, guardaparques, entre otros, hicieron que naufragara el éxito.
Un informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dado a conocer el año pasado, advierte del crecimiento galopante que sufrirá el agujero de la Caja Fiscal de no implementarse las medidas correctivas. Estima que entre el periodo 2022, con un déficit de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), se podría llegar al 1,1% del PIB para el año 2029, lo que representa una pérdida acumulada (financiada con impuestos) de aproximadamente 2.800 millones de dólares, dinero que bien podría servir para paliar numerosas urgencias en otros sectores sociales.
En la actualidad, todos los regímenes de la Caja Fiscal (militares, policías, maestros, magistrados judiciales, docentes universitarios) presentan saldo negativo, excepto el de los funcionarios y empleados públicos. No quedan muchas opciones y las autoridades deberán pensar en salidas como el aumento y la extensión de los años de aportes, la elevación de la edad mínima de jubilación, el recorte de beneficios exagerados, adecuar las tasas de sustitución, modificar el cálculo sobre el salario base, solo como algunas de las opciones. No habrá camino fácil y la “cirugía” será dolorosa.
El gobierno anterior antes de irse presentó al Parlamento un proyecto de ley que proponía la creación de una Comisión Nacional de Estudio de la Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. Es hora de que las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo se sacudan y dejen de lado sus agendas particulares intrascendentes, de vendetta política por el orgullo y egoísmo de algunos personajes nefastos anclados hoy en el poder, y se pongan manos a la obra para reformular la Caja Fiscal. No hay tiempo que perder, se deben priorizar los intereses de todos los paraguayos.