Urge que el Poder Judicial y el Ministerio Público pongan las cosas en su lugar
La inconstitucional restitución de los fueros a los tres senadores procesados debe ser revisada lo antes posible, en sede judicial. Otros tantos agentes fiscales, que no se atrevieron a ignorar lisa y llanamente el despropósito del cartismo y sus aliados, solicitaron a un Juzgado, a un Tribunal de Apelación y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que sienten una postura institucional al respecto. No hay plazos para que dichas “consultas” sean respondidas; aunque no se expidieran con prontitud, los agentes fiscales deberían formular la acusación contra los senadores Erico Galeano (ANR, cartista) y Hernán Rivas (ANR, cartista), que ya pidieron el archivamiento de sus respectivas causas, antes del 24 de mayo en el primer caso y del 19 de septiembre en el segundo, por mandato legal; ambos plantearon sendos incidentes, de modo que los juzgadores, al resolverlos, tendrán que expedirse directa o indirectamente sobre la insólita devolución de los fueros: la resolución judicial podrá ser apelada, así que la conclusión del gravísimo asunto podría demorarse si la Justicia no actúa con la rapidez debida.
En cuanto al tercer caso, el del senador Rafael Filizzola, podría dilatarse indefinidamente, pues no hay plazos para que la Sala Penal de la máxima autoridad judicial resuelva el recurso de casación interpuesto por la defensa y, por ende, la procedencia de la restitución de sus fueros. Por si fuera poco, no se puede descartar que el Ministerio Público promueva una acción de inconstitucionalidad si los juzgadores admitieran lo resuelto por la Cámara Alta. Todo esto implica que la incertidumbre reinante puede prolongarse notablemente, aunque no quepa la menor duda acerca de la ilegitimidad de la decisión senatorial, tomada el 4 de abril pasado, para satisfacer una miserable sed de venganza.
En su comunicado “En defensa del sistema republicano”, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) afirmó que “este hecho, sin precedente alguno en nuestra historia política y constitucional, constituye una clara atribución de facultades extraordinarias, considerando que la restitución de inmunidades no se encuentra prevista en nuestra Carta Magna”. En otros términos, fueron violados el art. 3, que trata del poder público, y el 248, que al ocuparse de la independencia del Poder Judicial, prohibe a los miembros de los otros poderes, entre otras cosas, paralizar los procesos e intervenir de cualquier modo en ellos, a lo que se podría agregar que se intenta cometer el delito de frustración de la persecución penal, interfiriendo en la Administración de Justicia.
El comunicado exhorta al Ministerio Público a actuar decididamente contra estos actos que afectan al Estado de derecho, algo que aún no se ha reflejado en hechos concretos, más allá de que haya solicitado las posturas institucionales. Según el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ello “no quiere decir en ningún sentido que se quedará quieto”, sino que, más bien, que “cada agente fiscal que lleva su caso necesita conocer qué va a hacer”. Por de pronto, reconforta enterarse de que, también en su opinión, la Ley Suprema considera ilegítimo paralizar un proceso y que, por ende, un acto semejante sería inválido; también deberían saberlo sus subordinados, sin necesidad de efectuar consulta alguna.
La inseguridad jurídica desatada en un caso vinculado con un par de normas constitucionales de suma relevancia debe tener un pronto corte expeditivo. Es mucho lo que está en juego cuando se trata de la división de poderes y el ejercicio de una facultad extraordinaria, no prevista en la Ley Suprema. Con toda razón, el gremio de los abogados sostiene que “no podemos permitir que intereses políticos estén por encima de la justicia y la legalidad”; peor aún, también interviene el confeso interés cartista de vengarse del senador vitalicio Mario Abdo Benítez y, por extensión, de quienes se opusieron a su desafuero, favoreciendo de paso la impunidad de Hernán Rivas –imputado por producción mediata de contenido falso en documentos públicos– y de Erico Galeano, imputado por asociación criminal y lavado de dinero; lo del senador Rafael Filizzola solo sirve, contra su voluntad, para disimular el motivo del atropello flagrante al Estado de derecho.
Horacio Cartes, quien en el 2017 intentó vulnerar la Constitución para seguir en el Palacio de López, lo ha vuelto a consumar esta vez de la mano de sus acólitos que están en el Congreso y con fueros: solo resta que el Ministerio Público y la judicatura se apresuren a poner las cosas en su lugar, pues el país no debe volver a estar pendiente durante meses de la ocurrencia de un patrón, al que la legalidad le importa un bledo. Es preciso apresurarse también para que no se acentúe el descrédito internacional del país en cuanto al funcionamiento de sus instituciones, con el correspondiente impacto negativo en la economía, en particular en materia de inversiones extranjeras.
El presente y el futuro del Paraguay no deben estar supeditados al capricho de nadie. Defender la Constitución, sin mayores dilaciones, supondrá brindar la seguridad jurídica necesaria para trabajar en libertad, con la certeza de que las reglas del juego del sistema democrático se harán cumplir por igual para todos. Nadie está por encima de ellas: ni siquiera ciertos senadores y el poder que los maneja detrás del trono.