Cercano de HC proveerá 100 motocicletas para agentes del Grupo Lince vía Unops
Un nuevo millonario contrato saltó esta semana en el portal de la Unops, entre el Ministerio del Interior y Asunción Motor Sport SA, de Javier René Bernardes Banti, denunciado ante el pleno del Senado como supuesto prestanombre del expresidente Horacio Ca
El Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, fue beneficiado con un millonario contrato vía Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), con la empresa Asunción Motor Sport SA,
cuyo presidente es el empresario Javier Bernardes Banti, denunciado por la exsenadora Desirée Massi en varias ocasiones, e incluso en sesiones de la Cámara Alta como supuesto prestanombre del expresidente Horacio Cartes (ANR).
El acuerdo es por US$ 1.438.600 que al tipo de cambio superan los G. 10.000 millones y se refiere a la provisión de 100 motocicletas con equipamientos para los agentes del Grupo Lince. La fecha de adjudicación fue el 2 de mayo pasado.
Los recursos para el millonario pago que deberán realizar o que ya realizaron, saldrán de la Itaipú Binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún (ANR-HC).
Si tomamos como referencia el monto que pagaron por las 100 motocicletas, el precio de cada una de ellas sería de al menos G. 105 millones.
Bernardes Banti ya había sido beneficiado durante el gobierno de Cartes con US$ 1.600.000 de los “gastos sociales” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Eran también por la compra de motocicletas para el Grupo
Lince.
El ministro del Interior dijo en su momento desconocer quién es el propietario de esta firma adjudicada. En la página web del conglomerado empresarial “Grupo JBB” se menciona como parte del él a la firma Asunción Motor Sport SA (AMS), que –a su vez– en su página presenta a la marca KTM “como una de sus empresas”.
“Bypass” a la DNCP
Lo grave es que los montos recibidos o a ser usados son todo un SECRETO porque en la página web de la organización internacional no aparecen precios referenciales para las adquisiciones como tampoco cifras globales de los llamados, “puenteando” así requisitos exigidos en la ley de suministros y compras públicas y que deben ser controlados por la DNCP.