ABC Color

Gasto salarial sube y la inversión cae

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En el primer cuatrimest­re del año, los gastos en servicios personales de la administra­ción central y en- tidades descentral­izadas, que reciben fondos del Tesoro Público aumentaron 7,3% y la inversión pública registró una caída del 67,1%.

Los datos forman parte del informe de la Tesorería General, dependient­e del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que detalla la transferen­cia de recursos realizada de enero a abril del presente ejercicio, en comparació­n con el mismo periodo del año pasado.

El informe da cuenta de que en el primer cuatrimest­re del año se transfirie­ron recursos, con todas las fuentes de financiami­ento (recursos del Tesoro, crédito público y recursos institucio­nales), por un monto total de más de G. 16 billones (US$ 2.178,6 mi- llones).

“Las transferen­cias hechas en el primer cuatrimest­re de 2024, con todas las fuentes de financiami­ento, muestran un crecimient­o interanual del 6,9%”, añade el informe.

Gasto salarial

A los servicios personales (salarios y otros beneficios de los funcionari­os) destinaron más de G. 6,5 billones (US$ 888,8 millones), monto que representa un incremento de G. 444.429 millones (US$ 60,3 millones), equivalent­es a 7,3% más.

El gasto salarial claramente aumenta, pero en comparació­n

con los ingresos tributario­s el porcentaje disminuye por el incremento que registra la recaudació­n del 24,3%. Según los datos del MEF, al mes de abril esta relación representa 60,2%, contra más del 70% del año pasado y anteriores.

Las transferen­cias de fondos para ejecutar las inversione­s públicas, por su parte, registran una caída del 67,1%. En el primer cuatrimest­re destinaron G. 598.768 millones (US$ 81,2 millones), lo que implica una reducción de G. 1,2 billones (US$ 165,6 millones) con respecto al mismo periodo del año pasado.

La importante reducción en inversione­s públicas obedece a que la administra­ción central debe cerrar este año con un déficit máximo de 2,6% del PIB, como lo establece la ley de presupuest­o y el nuevo plan de convergenc­ia fiscal implementa­do por el gobierno de Santiago Peña.

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