Dilación que destruye
El miércoles pasado se produjeron dos hechos que tienen por protagonista la reserva forestal del San Rafael, un área con unas 78.000 hectáreas de bosque nativo cada vez más raleado por la acción del hombre.
Uno de estos hechos está en un informe policial sobre la destrucción de unas 15 hectáreas de marihuana en la zona de reserva del San Rafael. Para cultivar la marihuana se tuvieron que tumbar árboles, por lo que este “negocio” altamente lucrativo para cierta gente, tiene un elevado costo en términos de destrucción de masa boscosa.
El otro acontecimiento tiene que ver con un encuentro, en Asunción, entre la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) y representantes de dos entidades ambientalistas: la organización “Pro Cordillera de San Rafael” (Procosara), y el “Fondo de Conservación de Bosques Tropicales” (FCBT), en el que estas dos entidades civiles expusieron sobre un proyecto de “consolidación” del área protegida San Rafael.
Según se puede leer en el reporte de reunión, hubo coincidencia en la necesidad de un “proyecto legislativo viable” que permita la conservación integral de la reserva. Y aquí el detalle de contraste: tras el decreto del P.E. 13.680/1992, el San Rafael y la cuestión de su preservación se convirtió en un torrentoso río de tinta y billetes traducidos en proyectos, propuestas y sesudos estudios, para beneficio de alguna que otra ONG, o “programa” gubernamental.
Paradójicamente, desde aquella declaración de hace más de tres décadas, el San Rafael agoniza ante la paulatina pérdida de bosque, en incendios provocados y talas furtivas, o la acción de grupos al margen de la ley, como el reportado en el informe policial. Entretanto, en las esferas oficiales se van en reuniones y conciliábulos de dudosa eficacia.
La preservación de esta riqueza natural es un derecho que nos atañe a todos, y requiere de la voluntad política de nuestros representantes en el Gobierno para la toma de decisiones expeditivas, como por ejemplo, expropiar las tierras en manos privadas afectadas a la zona de reserva.
El estatus de Parque Nacional posibilitará que el Estado ejerza pleno control del lugar a través de sus organismos de aplicación. Dilatar las acciones para lograr este objetivo es contribuir con la desaparición de esta invaluable riqueza natural.