Víctima de usura reclama a RGD casi US$ 52 millones como indemnización
La empresa M&T SA, del Arq. Julio Mendoza Yampey, pide al usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo la suma de G. 381.153 millones (unos US$ 52 millones al cambio actual) como reparación del daño e indemnización. El accionante fue el único querellante en la causa que terminó con la condena de RGD a 15 años de cárcel por usura y otros hechos.
Una de las tantas víctimas de usura del condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, la empresa M&T SA promovió un juicio de reparación del daño e indemnización en el que reclama al exdirigente deportivo la suma de G. 381.153.330.554, en concepto de daños y perjuicios por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance. El monto total reclamado por la víctima de usura a RGD se divide en la suma de G. 239.784.560.942 en concepto de daños emergentes; unos G. 119.339.163.754 por lucro cesante y también G. 22.029.605.858, en concepto de pérdida de chance.
Sobre lo exigido por la firma M&T SA, la abogada Patricia Doria resaltó que el
daño ocasionado por el clan González Daher a la sociedad del arquitecto Julio Mendoza Yampey no solo es por los excesivos intereses cobrados con ayuda de
fiscales y jueces, sino también por la caída de créditos en entes bancarios y financieros, pérdida de ingresos por suspensión o cese de actividades de una unidad
productiva (lucro cesante); y la imposibilidad de progreso de la firma constructora.
La jueza Ana Rodríguez Brozón, presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, admitió la acción y corrió traslado a la defensa de Ramón González Daher, que deberá contestar al juicio promovido por el único querellante en el proceso que finalizó con su condena a 15 años de cárcel por
usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
Resarcimiento
Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo fueron condenados a 15 y 5 años, respectivamente, el 17 de diciembre de 2021 por Sentencia Definitiva Nº 515 dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Claudia Criscioni (presidenta del colegiado), Yolanda Portillo y
Yolanda Morel.
El fallo garantiza el resarcimiento económico a las víctimas de usura, de acuerdo al artículo 90 del Código Penal, que en el inciso 1º establece que “cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de este un beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento”.