Tiroteo deja 15 muertos, entre ellos periodista y activista

Quince personas fueron asesinadas a tiros la noche del martes en la capital haitiana, Puerto Príncipe, entre ellas un periodista y una activista política, según el jefe de la policía haitiana, que denunció represalias por parte de los partidarios de un policía sindicalista asesinado unas horas antes. Las fotos de los cadáveres del periodista Diego Charles, en el suelo, y de Antoinette Duclair, feminista y activista de oposición, al volante de su coche, circularon ayer por redes sociales. Ambos tenían 33 años./

Porque: 1° Personifica a la Nación y es el jefe del Estado y en esta alta investidura, preside las relaciones internacionales del Perú con la comunidad internacional que la Constitución de 1993 consagra como prerrogativa en el artículo 118 inciso 11 al establecer que el presidente dirige la política exterior del país, sino ¿quién lo hará entonces?. 2° Siendo el Perú y la OEA sujetos del derecho internacional, es decir, actores con derechos y deberes, sus vinculaciones para celebrar o ratificar acuerdos o convenios de interés recíproco, se ejecutan por sus sujetos visibles y con capacidad internacional para producir consecuencias jurídicas por sus referidas relaciones. En el caso de la OEA, esa cualidad legal internacional queda en manos de la Secretaría General de la organización y en el caso del Estado miembro de la OEA (Perú), en el Ejecutivo. Por esta razón TODOS los acuerdos por la OEA los firma el señor Luis Almagro y por el Estado miembro (Perú), el ministro de Relaciones Exteriores (Allan Wagner), que ejecuta la política exterior que dirige el presidente Sagasti. El canciller solamente firma por instrucción y/o autorización del jefe del Estado. 3° El mandato constitucional del presidente Sagasti es garantizar el desarrollo y conclusión del proceso de elecciones, sin sobresaltos en esta etapa de transición. El imperio del estado de derecho y la tranquilidad nacional no son tareas del JNE sino del gobierno y ese mandato, que es de su total incumbencia, es asegurar que el proceso de las elecciones garantice la continuidad del sistema democrático. Por tanto, es su deber evitar de que, ante una incontrastable realidad nacional polarizada por las pugnas electorales, no se produzca una consecuencia de convulsión social y peor aún y a sabiendas, que estará decantada la falta de legitimidad en el resultado y en aquel que fuera proclamado presidente del Perú. En consecuencia, el Gobierno central y el presidente mismo que lo preside, deberían entender que requerir la auditoría de la OEA es un asunto de necesidad política nacional y también de que no deben sentirse como una mesa de partes. Ese no es el sentido de la vinculación del Perú y su gobierno con la OEA.