Cobro sin gasto
“Por un indeseable efecto de contagio, la imagen que acaba lastimada con estos cobros no es solo la de ellos, sino la de la organización política a la que representan y, en última instancia, la de todo el Legislativo”. Editorial de El Comercio Capacidad de instalación ociosa / 7 de marzo del 2017
Para evitar más controversias al respecto, el Congreso debe zanjar el asunto del bono de instalación que cobran los legisladores capitalinos.
DebenloscongresistasporLima y Callao cobrar el bono por “gastos de instalación” que concede el Parlamento a los legisladores recién elegidos o no? El dilema no es nuevo. Se repite, en realidad, cada vez que una representación nacional inicia su gestión y nunca recibe una respuesta satisfactoria. El problema es el siguiente: el artículo 22 del Reglamento del Congreso establece que cuando una nueva conformación parlamentaria asume funciones, quienes la integran tienen derecho a recibir las facilidades materiales, económicas y de personal que requieran “para el mejor desarrollo de sus funciones”. En consecuencia, a fin de cumplir con esa disposición, los 130 legisladores pueden cobrar un bono de S/15.600, equivalente a lo que cada uno de ellos percibe mensualmente. Como es evidente, dicho monto tiene sentido cuando hablamos de legisladores que viven fuera de la capital (y que, en consecuencia, necesitan cubrir los gastos inherentes a sus traslados desde las regiones), pero carece de asidero cuando hablamos de congresistas elegidos por Lima y Callao, que ya estaban viviendo en la ciudad antes de postular al cargo. En atención a esa consideración, no son pocos los parlamentarios limeños o chalacos que, a lo largo de los últimos lustros, se han abstenido de recabar ese dinero o, ante el revuelo que levantó el hecho de que lo hubiesen reclamado, terminaron devolviéndolo. Lo recomendable, en realidad, habría sido que, ante la evidencia de los incordios que la situación suscita, el Parlamento mismo hubiera zanjado el asunto tiempo atrás, aclarando a quiénes y bajo qué concepto les corresponde recibir el bono. Es más, durante el período anterior (2020-2021), se presentaron algunos proyectos que buscaban modificar el reglamento el Congreso en ese sentido sin que ninguno prosperase (de hecho, ni uno solo llegó siquiera al pleno), y ahora nos encontramos, una vez más, ante el problema: 21 legisladores que viven en Lima o el Callo han cobrado el monto en cuestión y enfrentan por ello cuestionamientos desde diversos sectores de la opinión pública. Tales cuestionamientos, por cierto, no tienen color partidario, pues los parlamentarios a los que van dirigidos provienen de casi todas las bancadas. Desde Renovación Popular hasta Perú Libre, en efecto, tienen en sus filas congresistas que se ajustan a esa descripción. Y otro tanto puede decirse de Fuerza Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País y Juntos por el Perú. A modo de defensa, los directamente comprendidos en la controversia han insistido en que el cobro es legal o han ensayado distintas explicaciones sobre el fin al que pretenden destinarlo (como solventar obras sociales o repartir entre la población bolsas salvadoras contra el COVID-19). La verdad, sin embargo, es que ninguna de esas respuestas alude a la materia en debate. Por un lado, nadie ha puesto en duda la legalidad del cobro. Y por otro, invertirlo en obras benéficas es un gesto que, además de ser difícilmente fiscalizable y de dejar un mal sabor a campaña electoral, ya en el período parlamentario anterior la Oficina Legal y Constitucional del Congreso había señalado que no se puede destinar el bono de instalación “a una finalidad distinta a la señalada en los Acuerdos de Mesa correspondientes”. Esas reflexiones, a decir verdad, llevan el asunto a un terreno que escapa al meollo de aquello que está –o debería estar– en debate. Esto es, si el dinero debe servir única y exclusivamente para la instalación de los representantes en Lima y qué es exactamente lo que se entiende bajo ese concepto. Por eso, para evitar este problema cíclico, el Congreso actual haría bien en proponer una discusión definitiva sobre el punto y ayudar a zanjarlo de una vez por todas. Cabría preguntarse, sin embargo, cuánta predisposición al respecto podría tener la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso cuando su propia titular, Patricia Juárez (Fuerza Popular), es una de las señaladas. De lo contrario, en cinco años estaremos nuevamente haciéndonos las mismas preguntas y observando a nuevos legisladores tratando de dar incómodas explicaciones al respecto.