El empinado camino del Congreso
El 2021 nos deja un Parlamento bastante alejado de la empinada aspiración de ser el ejecutor de las grandes reformas, el reactivador de la economía, el destrabador de las obras paralizadas... el Congreso del bicentenario. Haciendo un brevísimo repaso por sus elementales funciones, podremos advertir que son más los pendientes que los logros.
Con 972 proyectos de ley presentados (49 aprobados), 19 se han convertido en leyes orientadas a sectores como Educación, Agricultura y Economía. Sin embargo, se han producido apenas 129 dictámenes. Es una cifra bastante menor a la del Congreso pasado (2016-2021), que logró 432 de un universo de 844 proyectos de ley en el mismo período.
La efectiva labor del Parlamento debería ser medida no por el número de leyes aprobadas, sino más bien por el número de dictámenes elaborados sobre las iniciativas legislativas. Estos constituyen en la práctica el documento escrito que reúne las conclusiones a las que se ha arribado, luego de las opiniones técnicas de los sectores involucrados y la propia ciudadanía, y del debate en comisión. Es lo que legitima el trabajo realizado.
La legislatura que viene debería exigir a las comisiones mayor proactividad y a los grupos parlamentarios, una mejor evaluación y desarrollo de la agenda legislativa al interior, con el propósito de lograr posiciones mayoritarias o en bloque, para así reducir el alto costo político y económico que produce la incertidumbre, además de evitar la presentación y aprobación de leyes declarativas y buscar poner temas en la agenda. A la fecha, son más de 160 los proyectos de ley declarativos o que apuntan a priorizar la creación de distritos o la ejecución de obras, por ejemplo.
Con relación al control político, se registraron nueve mociones de interpelación a ministros; tres llegaron al pleno y una terminó en censura. Eso, sin dejar de contar las más de 150 ocasiones en las que el Congreso recibió a distintas autoridades y funcionarios. Sin embargo, se encuentran pendientes varias acusaciones constitucionales heredadas del Congreso anterior, que deberían ser atendidas antes de que, por el transcurso del tiempo, caduque la prerrogativa de acusar.
En el mismo sentido, a partir de la nueva obligación de los parlamentarios de presentar ante la contraloría su declaración jurada de conflictos de intereses, el Consejo Directivo y la Comisión de Ética, en el ámbito de sus propias funciones, tienen el reto de idear algún mecanismo para la oportuna identificación y evaluación de riesgos por conflictos de intereses, promoviendo la mayor transparencia posible desde el propio portal.
Finalmente, los principales pendientes tienen que ver con las reformas estructurales que todavía no se revisan. La reactivación económica, el retorno a clases, la paralización de obras y los problemas de gestión institucional en los gobiernos regionales y locales han sido temas mencionados en casi todos los debates parlamentarios por ser urgentes, pero también hay otros de más largo aliento como la reforma política (voto preferencial, financiamiento, reelección congresal, etc.) y la propia reforma en salud que aún esperan.
“El 2021 nos deja un Parlamento alejado de la empinada aspiración de ser el ejecutor de las grandes reformas. Son más los pendientes que los logros”.