Un botín llamado transporte
Si hay algo constante en este país de inacabables crisis políticas es que el Congreso y el Ejecutivo se contradicen en todo. Se habla con facilidad de evaluar la vacancia tanto como del cierre del Parlamento, en cinco meses ya hay un ministro censurado y Pedro Castillo no ha perdido oportunidad para retar a los congresistas en sus presentaciones públicas. En esa dinámica de enfrentamientos cotidianos hay algo que sí los hermana: boicotear lo poco avanzado en la reforma del transporte.
Los intentos por ampliar sin requisitos todas las autorizaciones de combis y coasters, tomar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o cumplir la prometida amnistía de papeletas no son nuevos. Ya el anterior Congreso se encargó de aprobar por insistencia la legalización del taxi colectivo y puso en agenda por lo menos cuatro proyectos de ley para perpetuar el transporte informal.
La diferencia ahora es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) juega el mismo papel. En cinco meses de gestión, el ministro Juan Silva se ha reunido con gremios de transportistas y colectiveros que promovían un paro para pactar cambios en la ATU y Sutrán, “regulalizar sanciones” o prorrogar licencias vencidas.
Desde adentro, el MTC también experimentó una reorganización que llevó la inestabilidad a otro nivel. De agosto a setiembre, diez directores y jefes fueron retirados de sus cargos o renunciaron en medio de escándalos. Eso, sin contar con que el proceso para formalizar los colectivos ha convertido a la Sutrán en juez y parte en un empadronamiento a sola firma que, en buena cuenta, permite a choferes cubrir rutas interprovinciales en autos no diseñados para carreteras.
Pese a todo, el clímax de la coincidencia de intereses entre el Ejecutivo y el Congreso llegó el día en que Silva se salvó de ser interpelado. Él ahora mantiene un cuestionado liderazgo en una cartera que, solo para el 2022, tendrá un presupuesto de S/13.705 millones, mayor en 7% al asignado en el 2021.
La tarea por mejorar el transporte no solo recae en ellos. El alcalde Jorge Muñoz, que cumple tres años de gestión en la Municipalidad de Lima, apenas tiene cuatro proyectos importantes sobre infraestructura vial que todavía no tienen fecha de entrega: la ampliación del Metropolitano, el paso a desnivel que –contra todas las críticas– se sigue construyendo en el óvalo Monitor, el ‘Pasamayito’ y el teleférico de Lima, aún en estudios técnicos.
En 10 meses se elegirán a las próximas autoridades locales y regionales que tendrán que gestionar el transporte en sus ciudades. Con el interés claro del Ejecutivo y Legislativo en cumplir las expectativas de los gremios de transportistas que los respaldaron para llegar al poder, dependerá en muchos casos de las nuevas autoridades ser la pared que se necesita para frenar la contrarreforma y tener un sistema de transporte seguro, eficiente y de calidad. Y tener esas autoridades depende, finalmente, de nosotros, los electores.
“El clímax de la coincidencia de intereses llegó el día en que el ministro Juan Silva se salvó de ser interpelado. Él ahora mantiene un cuestionado liderazgo”.