Seguridad en el Perú con pronóstico reservado
Entr amos al 2022 con indicadores de inseguridad ciudadana en franco crecimiento: sicariato, robo de vehículos e incremento del uso criminal de armas de fuego. Todo parece indicar que continuarán al alza, pues los departamentos de investigación criminal carecen de inversión en tecnología, logística e inteligencia. En la misma situación se encuentran las unidades de criminalística.
La confianza y credibilidad en la policía sigue en caída, pues cada vez son menos los que consideran útil acercarse a una comisaría a denunciar los hurtos o asaltos. De no invertirse en sistemas inteligentes de control territorial, de distribución y gestión policial, comunicaciones, vigilancia y patrullaje, las calles continuarán siendo ganadas por la delincuencia.
Los vasos comunicantes entre la inseguridad ciudadana y los grandes negocios criminales son fluidos e intensos. En ese sentido las economías criminales continúan en alza por diversos factores. En parte, porque han devenido en actividad refugio de algunas personas afectadas económicamente por la pandemia; así como por la mayor demanda internacional de productos obtenidos ilegalmente como cocaína, oro o madera fina. Pero sobre todo, por la permisividad de un Estado débil para dar sostenibilidad a las políticas públicas orientadas a frenar el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas, la minería ilegal y el contrabando, entre otros negocios criminales.
Las utilidades anuales de estas economías ilegales representan algo más de US$7.500 millones, lo que supera con creces el presupuesto que el Estado ha destinado a los sectores de Interior, Justicia y Defensa.
El presidente anunció hace unos días que su gobierno destinará S/11 mil millones para
“La seguridad en el Perú y el riesgopaís aparecen con pronóstico reservado y con alta posibilidad de que ingresen a cuidados intensivos, de no mediar cambios”.
combatir la delincuencia. Quien piense que es dinero adicional, se equivoca. Se refiere tan solo al presupuesto del sector Interior para el presente año. Por cierto, la gran mayoría de ese presupuesto es gasto corriente, como salarios, pensiones y pago de bienes y servicios.
La situación no es mejor en otros sectores cruciales para garantizar la seguridad. El Ministerio Público ni el Poder Judicial, ni el Instituto Nacional Penitenciario podrán realizar mejoras, pues no cuentan con presupuesto orientado a fortalecer las instituciones.
Así las cosas, la seguridad en el Perú y el riesgo-país aparecen con pronóstico reservado y con alta probabilidad de que ingresen a cuidados intensivos, de no mediar cambios en la orientación y gestión del Ejecutivo.