Bloqueos y paralización de 9 minas cuestan US$ 1.160 millones al país

Se han dejado de pagar unos US$348 millones en impuestos y regalías. La gestión de Castillo es la que más paralizaciones simultáneas registra frente a los últimos seis gobiernos, en el mismo período.

Ala fecha, la gestión de Pedro Castillo registra 65 conflict os mineros activos. La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes sobre conflictos sociales emitidos por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y 2022, y determinó que, de los últimos seis gobiernos, la actual gestión es la que más conflictos mineros activos ha reportado al noveno mes, junto con la de Ollanta Humala. También es la que registra más conflictos sociales.

De los conflictos mineros reportados, 10 son por minería informal e ilegal: 4 activos, 5 latentes y una alerta temprana. Hasta abril, solo el 2% de mineros informales había completado su registro de formalización.

Si bien la mayoría de conflictos mineros son heredados de gobiernos anteriores, los informes muestran que 19 son casos nuevos. Las operaciones de al menos nueve minas se han visto afectadas por bloqueos y paralizaciones. Seis de ellas suspendieron actividades entre agosto del 2021 y mayo del 2022: Buenaventura, Antamina, Apumayo, Las Bambas, Cuajone y Nexa. Al menos 303 mil empleos directos e indirectos se han visto afectados.

El estimado de pérdida por bloqueos y paralizaciones es de US$1.160 millones, y se han dejado de pagar US$348 millones en impuestos y regalías. Además, el Perú dejó de exportar US$470 millones. La gestión de Castillo tiene más paralizaciones simultáneas si se compara con los últimos seis gobiernos en el mismo período.

Dos minas aún se mantienen suspendidas: Cuajone y Las Bambas. Según reportó esta última, con la paralización el Estado ha dejado de percibir S/260 millones en rentas. “Si se aduce que hay incumplimientos, la empresa está dispuesta a que se audite y revise en un diálogo pacífico y respetuoso, sin recurrir a la invasión y destrucción de propiedad que fuerza a la paralización”, declaró Claudio Cáceres, gerente legal de esa minera.

En esa misma línea, Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, mencionó que el discurso promovido por agentes con interés político no tiene relación con sus operaciones. “Han paralizado el desarrollo de las comunidades”, dijo el directivo de Apumayo.