No voltear la página
“Esta no es la primera vez que se busca maniatar o castigar al coronel Colchado. Las arremetidas en su contra, como sabemos, provienen desde el propio presidente”. Editorial de El Comercio Hasta verlo caer / 13 de setiembre del 2022
No pasaron ni cinco horas desde que empezó a circular en las redes sociales el memorándum por el que se informaba de que el coronel Harvey Colchado dejaba de ser jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) para que el Ministerio del Interior (Mininter) emitiera un comunicado indicando que dicho documento era apócrifo y que, en consecuencia, las cosas seguían como antes.
¿Qué ocurrió en el medio? La comprensible tormenta desatada por lo que constituía un intento –bastante burdo, hay que decirlo– por neutralizar a un efectivo policial que se ha vuelto incómodo para el presidente Pedro Castillo desde que tomó parte en la diligencia efectuada en Palacio de Gobierno en la que se intentó detener a su cuñada (hoy bajo mandato de prisión preventiva), Yenifer Paredes, y desde que logró que su ex secretario general Bruno Pacheco abandonase la clandestinidad luego de casi cuatro meses para colaborar con la fiscalía.
Como mencionamos ayer en este Diario, al remover a Colchado de su cargo en la Divbus-Digimin y dejarlo solo como coordinador del grupo policial que viene prestándole apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en la práctica se le privaba de la posibilidad de contar con recursos humanos, logísticos y económicos para desarrollar su trabajo de manera eficiente. Se lo relegaba a tener un puesto ornamental sin mayor capacidad de acción. Se lo maniataba, en otras palabras.
Hay que decir, sin embargo, que, así como en su momento la entrega voluntaria de Yenifer Paredes un día después de que el Gobierno obstaculizase la ejecución de la diligencia que buscaba detenerla no borra el claro acto de interferencia ejecutado por Palacio para evitar que las autoridades cumplieran con un fallo judicial, ahora la devolución de Colchado al cargo del que se lo intentó apartar no anula lo que a todas luces fue una maniobra orientada a obstruir el trabajo no solo de la policía, sino también del Ministerio Público en las investigaciones contra el entorno más cercano al jefe del Estado.
Por eso, no es que aquí “no pasó nada”, como parece querer expresar el comunicado que el Mininter se apuró en sacar durante la madrugada de ayer. Aquí lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo se ha visto forzado a retroceder al ver que la condena de los ciudadanos, del equipo especial de fiscales encargado de las pesquisas contra los familiares y allegados del mandatario, y de instituciones como la Defensoría del Pueblo era prácticamente unánime, además de las posibles consecuencias legales para los implicados en la treta. Por lo que, lejos de calmar las aguas, lo ocurrido con el coronel Colchado debería más bien encender todas las alarmas, en la medida en que es una advertencia de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de proteger a los suyos ante el avance de las investigaciones fiscales.
Después de todo, como mencionamos ayer en este espacio, y tomando en cuenta las extrañas movidas en el nivel más alto del organigrama policial, especialmente en Inspectoría, al mismo tiempo que el presidente presentaba una denuncia ante esta última entidad contra el coronel Colchado pidiendo que sea pasado al retiro, en el Ejecutivo parecen dispuestos a echar mano de todos los recursos –sin importar su legalidad– que puedan hasta verlo caer.
Lo ocurrido con el coronel Colchado ratifica hasta qué punto el Gobierno es capaz de llegar con tal de obstruir el avance de las investigaciones contra los allegados del presidente.
En ese sentido, sería un error que el Congreso interprete los sucesos de los últimos dos días como un desliz del Mininter. Aquí no ha habido mandos policiales tomando decisiones sin consultar con el ministro del sector, Willy Huerta, ni a espaldas del Ejecutivo. Aquí lo que ha habido es un uso abusivo del poder y un evidente acto de perturbación de la acción de la justicia que, cuando menos, debería servir para que la representación nacional censure de inmediato al ministro Huerta.
No se puede pasar página ante una acción flagrantemente obstruccionista con tanta facilidad. Y si el Gobierno cree que sí, es deber del Congreso hacerle saber lo contrario.