La mancha de Palacio
“No existe violencia ni ilegalidad alguna, por otro lado, en un allanamiento aprobado por un juez. Si algo ilegal existió ayer, fue la obstrucción a la justicia que supuso el hecho de que los representantes del Ministerio Público fueran impedidos de entrar a la Casa de Pizarro por más de una hora”. Editorial de El Comercio Ay, mísero de mí /11 de agosto del 2022
Se sienten ya lejanos los momentos en que cualquier allanamiento de Palacio de Gobierno hubiese causado sorpresa y profunda consternación por sus implicancias sobre el estado de la institucionalidad del país. Quizá, dentro de todo, una de las peores herencias que nos dejará la administración del presidente Pedro Castillo sea esa normalización: una mancha indeleble sobre la casa de gobierno como recordatorio de que en el Perú la podredumbre puede alcanzar lo más alto de la política nacional.
Este viernes, la figura se repitió. Integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y de la policía llegaron a Palacio de Gobierno en una nueva diligencia relacionada con la investigación contra Yenifer Paredes, cuñada del mandatario. El objetivo era incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los días 8, 9 y 10 de agosto, y extraer una copia espejo. Se sospecha que el material podría contener evidencia de encubrimiento de parte del personal de Palacio para evitar la detención de Paredes, pues acciones de inteligencia la ubicaban en el recinto al momento de la intervención. La cuñada del presidente se entregó a la justicia al día siguiente.
No debe dejar de resaltarse que fue necesaria una orden judicial para obtener las grabaciones. Fuentes oficialistas utilizaron todo tipo de coartada para evitar que el material saliese de Palacio de Gobierno, incluyendo alusiones absurdas a posibles secretos de Estado que estas podrían contener. Finalmente, y luego de un revés en primera instancia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada ordenó la entrega de los registros. De acuerdo con el abogado del presidente Castillo, la resolución judicial es “nula porque viola el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio presidencial”, en una muestra más del tipo de argumentos que tiene a la mano la defensa legal del mandatario para evitar –a toda costa– que las investigaciones sigan avanzando.
Más aún, según la sala, “no se está solicitando el allanamiento de ningún ambiente en particular donde reside […] el propio presidente de la República o donde este pudiera utilizar para ejercer su función pública, sino exclusivamente de las puertas de acceso a Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial donde se tengan instaladas cámaras de seguridad”, asuntos que son ya información pública.
Debido al tiempo transcurrido, sin embargo, es posible que cualquier material con potencial incriminador haya desaparecido convenientemente del registro. Ya el 17 de agosto, de hecho, la oficina de Análisis de la Información de la Casa Militar reportó la pérdida de información de tres cámaras de seguridad coincidentemente durante las horas en las que tenía lugar el operativo para la detención de Paredes.
La regularidad de los allanamientos de Palacio de Gobierno invita a reflexionar sobre los riesgos de normalizar hechos de suma gravedad para el país.
El presidente, su equipo legal y sus adláteres ministeriales han ensayado todas y cada una de las maniobras posibles para dificultar el avance de las investigaciones fiscales. Estas pasan no solo por los recursos en el marco de la ley frente a jueces y fiscales, sino también por el entorpecimiento del trabajo de la policía y la fiscalía (el coronel PNP Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial de la Policía Nacional, por ejemplo, presentó ya el viernes un recurso de amparo contra Castillo por hostigamiento).
Dependiendo del desenlace, la estampa de policías y fiscales entrando regularmente a Palacio de Gobierno, no obstante, podría perdurar en la memoria nacional con otro significado: a saber, que en el Perú nadie está por encima de la ley, ni siquiera la máxima autoridad de la nación.