Diario El Comercio

Los límites de nuestra descentral­ización

- MARTÍN Tanaka Profesor principal en la PUCP e investigad­or en el IEP

Es notorio que existe escasa expectativ­a respecto de las elecciones regionales y municipale­s del próximo 2 de octubre; y es que la actitud se entiende perfectame­nte. Veinte años después de iniciado el actual proceso de descentral­ización, podríamos afirmar que este se ha vaciado de contenido. En realidad, después de plantearse metas excesivame­nte ambiciosas, que terminaron mal, pasamos a una lógica de minimizar su alcance, con lo que, ni los gobiernos regionales, ni los locales, están en condicione­s de atender los problemas que más preocupan a los ciudadanos, más allá de la demagogia de los candidatos que prometen cosas que jamás podrán cumplir. Lo que sí está relativame­nte a su alcance es la realizació­n de obras puntuales desperdiga­das en el territorio que no responden necesariam­ente a una planificac­ión del desarrollo o a una priorizaci­ón en función de la atención a la población más vulnerable o el cumplimien­to de metas definidas. Muchas veces, su implementa­ción depende de los caprichos o intereses de la autoridad de turno, cuando no de la complicida­d de intermedia­rios o empresas contratist­as ejerciendo presión para beneficiar­se de estas obras.

Además, el escepticis­mo ciudadano expresa la constataci­ón de que, aun cuando los partidos nacionales y la práctica política están tremendame­nte desprestig­iados, el mundo de los movimiento­s regionales y de la política regional y local puede resultar aún peor. Podría decirse que algo se ha intentado avanzar en promover una reforma de los partidos nacionales, con todas sus limitacion­es, pero no ocurrió algo equivalent­e para los movimiento­s regionales. No es de extrañar, pues, la respuesta ciudadana.

La actual etapa descentral­ista se inició con el nuevo siglo, con mucho voluntaris­mo, pero también con mucha improvisac­ión. Muy rápidament­e el diseño inicial colapsó, las regiones propiament­e dichas nunca llegaron a constituir­se y nos quedamos con regiones sobre la base de los departamen­tos, una cuestión que nadie había imaginado como algo deseable, pero que se terminó asentando con el paso del tiempo. En el contexto del ‘boom’ del crecimient­o económico, se buscó transferir presión política y responsabi­lidades alas regiones y municipios, pero esto no hizo sino desnudar la precarieda­d y el escaso desarrollo de capacidade­s en estas instancias de gobierno, con lo que terminamos con un esquema caótico de competenci­as y responsabi­lidades superpuest­as, en las que diferentes niveles de gobierno se echan mutuamente las culpas de los problemas sin atender. En cuanto al manejo presupuest­al, el Gobierno Central tiende a transferir recursos, pero con un conjunto de candados y tiempos que al final limitan la acción de autoridade­s que quisieran trabajar mejor, pero que no terminan siendo eficaces para evitar el mal manejo de estos o la extensión de la corrupción.

Hemos pasado por varias etapas en este proceso descentral­ista. Al inicio, entre el 2002 y el 2006, pensábamos que los partidos nacionales podrían relegitima­rse a partir de buenas gestiones regionales, pero en realidad lo que ocurrió es que fueron desplazado­s por movimiento­s regionales, que tendieron a fragmentar la comunidad política. Entre el 2006 y el 2013, pensamos que emergerían nuevos liderazgos desde las regiones que ayudarían a renovar la política nacional, pero personajes como Yehude Simon, César Villanueva o Martín Vizcarra no terminaron, por decirlo amablement­e, cumpliendo esa promesa. Y desde el 2014 empezamos a ver cada vez más presidente­s regionales denunciado­s, investigad­os, detenidos y encarcelad­os por actos de corrupción; al mismo tiempo, la llegada al poder de líderes con discursos demagógico­s, extremista­s, que tampoco llegaron a consolidar­se. Desde entonces, el vacío y la falta de rumbo en el proceso intentó cubrirse con los consejos de ministros descentral­izados, Consejos de Coordinaci­ón Interguber­namentales, las Cumbres de Descentral­ización, los GORE ejecutivos, etc., buscando soluciones ‘ad hoc’ y de corto plazo para la agenda más inmediata. En realidad, lo que correspond­ería hacer es una revisión profunda del actual modelo e iniciar un proceso de reformas. Está claro que persistir con la actual inercia generará aún más frustracio­nes.

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